Colombia necesita un(a) alcalde(sa)

Colombia necesita un alcalde

La posición de servicio más bonita que existe en la estructura del Estado colombiano son las alcaldías. Un(a) alcalde(sa) puede revertir el famoso adagio de “no se es profeta en su tierra”. Un mandatario local puede llegar a serlo. Le bastan claridad de propósito, honestidad y trabajo riguroso para cambiarle la vida a su gente y transformar el territorio.

Esto último lo han entendido con mucha inteligencia los ciudadanos. Las cifras locales de participación electoral son superiores a las de la presidencia: 64,15 por ciento versus 48,10 por ciento, respectivamente.

Es común que en las distintas municipalidades del país, en especial en las pequeñas ciudades y en las localidades remotas, los ciudadanos sepan si el alcalde trabaja o no desde el despacho, a qué horas llega, cuándo sale, a qué horas almuerza, dónde vive él y su familia más próxima. Es una cercanía que no se tiene con un diputado, congresista, gobernador y menos con un presidente, a excepción de Uribe que dialogó intensamente con los ciudadanos en sus dos mandatos.

Aunque la Constitución Política de 1991 definió a Colombia como una república unitaria, pero descentralizada, lo que deliberadamente se adoptó fue la descentralización de algunas tareas administrativas muy caras para los electores, pero con la centralización del poder político. La burocracia del Gobierno nacional central es enorme, costosa, distante y muestra pocos resultados sobre los asuntos más relevantes para los colombianos. Son muchas las entidades nacionales (SENA, ICBF, Invías, entre otras) que hace rato debieron salir de la nación y pasar a ser del resorte departamental.

A esta abrumadora centralización, para agravar las cosas, hay que sumarle la forma cómo elegimos a los miembros del Congreso, quienes no proceden de jurisdicciones electorales definidas con rigor y, en consecuencia, representan a “todos y a nadie a la vez”.

Los alcaldes quedaron como los políticos cercanos con verdadera capacidad de resolver toda clase de problemas a los ciudadanos, y los demás como los políticos profesionales con poca capacidad de cumplir las exigencias de los electores. Los alcaldes tienen a diario demandas por temas de seguridad, educación, salud, vivienda, servicios públicos, transporte, asistencia técnica agropecuaria, medioambiente, empleo, deporte, cultura, ordenamiento territorial, entre otros. Los demás políticos quedan un poco al margen de estas tareas o lo que es peor, los ciudadanos poco se enteran de lo que hacen en favor o en contra de ellas.

No todo es color de rosa con las alcaldías. Hay muchos municipios en Colombia con poca o nula capacidad resolutiva, lo que denota una de las muchas falencias que tiene nuestra arquitectura institucional. Esto no evita, sin embargo, las constantes reclamaciones ciudadanas a los mandatarios de los 1.101 despachos del país. El 90 por ciento de los municipios colombianos apenas tiene recursos para funcionar. Las verdaderas posibilidades de inversión sólo se dan en las regiones de Colombia cuando los departamentos o la nación concurren, una vez cada cuarto de siglo, con algún proyecto importante.

¿Ćómo cambiar esto? Primero, es clave tener a la cabeza del Gobierno nacional y los seccionales a un presidente y gobernadores que dialoguen con las regiones. Sólo así se puede ayudar a los alcaldes(as) del país a honrar sus múltiples obligaciones. La luna de miel de Uribe con el pueblo colombiano se dio porque los ciudadanos lo veían como uno de los suyos, porque resolvía como el mejor alcalde que podían tener.

Segundo, urge pensar en “provincializar” muchas alcaldías. Con fundamento en el caso antioqueño sería determinante tener 7,8 grandes provincias con verdadera capacidad de inversión, y no 115 municipios con poca o nula maniobra para mejorar la vida de sus asociados. El Urabá antioqueño, por ejemplo, sería una provincia con más de 600.000 habitantes, con un presupuesto de inversión superior al billón de pesos, y con un alcalde y un concejo provincial. Los municipios existentes serían alcaldías menores, con mandatarios locales elegidos como en Bogotá y con cuerpos colegiados conformados por ediles.

En tercer término, es importante cambiar la forma cómo elegimos a los miembros del Congreso, asambleas y concejos. Ojalá se implementara un sistema electoral mixto, donde al menos el 60 por ciento de los miembros de estas entidades se eligiera por mayorías y el 40 por ciento por el sistema proporcional. Elegir por mayorías implica constituir distritos electorales. Así los ciudadanos sabrían quiénes hablan por ellos y los representantes tendrían claridad de dónde y con quiénes están sus obligaciones. Como dicen los politólogos: se fortalecería el “eslabonamiento político”.

Colombia necesita con urgencia un Alcalde(sa) porque necesitamos un servidor público cercano que nos escuche, que resuelva, que se vea trabajar. O alguien a quien reclamarle, como me dijo un ciudadano cuando le pedí el voto por un candidato al Congreso que había sido alcalde de mi ciudad: “llevo 15 años votando por él, y lo vuelvo a hacer porque al menos lo ve uno por aquí, así sea para insultarlo”.

Foto: Karen Salamanca – Semana

 

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