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Ayudas condicionadas vs renta básica universal

 

La focalización de la inversión es el camino. Habiendo tanta restricción, los recursos públicos sólo deben llegar a los más humildes.

Una de las primeras lecciones que recibimos quienes tomamos algún curso de economía es que los recursos son limitados. El estudio de cómo la sociedad y las personas toman las decisiones en un ambiente de escasez constituye el núcleo de esta disciplina.

El profesor Mankiw, en sus cursos de introducción a la economía, expone diez principios que ilustran muy bien lo anterior. Retomo cuatro de ellos para destacar: 1) los agentes económicos siempre enfrentan dilemas al decidir; 2) las personas responden a incentivos; 3) los mercados generalmente resuelven problemas de asignación; y 4) cuando los mercados fallan, los gobiernos pueden ayudar a resolver la situación.

El entramado laboral de los jóvenes y las mujeres bien puede analizarse a la luz de lo antes expuesto. Los jóvenes deben decidir si estudian o se emplean y las mujeres si hacen el cuidado del hogar o buscan trabajo. El mercado generalmente resuelve este hecho, para bien o para mal. Cuando ambos grupos poblacionales cuentan con suerte o tienen un buen nivel de formación, consiguen un empleo formal; cuando no tienen mucha experiencia ni competencias, los recibe la informalidad; y cuando no hay plazas ni siquiera en el rebusque que los absorba, engrosan las filas del desempleo.

Hasta aquí va siendo claro que el mercado laboral de los jóvenes y las mujeres tiene fallas. En consecuencia, se hace necesaria la intervención del gobierno. Algunos plantean, para resolver el problema, un tipo de intervención como la renta básica universal. Otros, que reconocemos que los recursos son escasos, más aún en medio de los problemas fiscales que ha generado la pandemia, optamos por lo que la literatura ha llamado “ayudas condicionadas”.

A raíz de la crisis económica de finales del siglo pasado, el país creó dos programas emblemáticos de ayudas condicionadas: Jóvenes en Acción y Familias en Acción. Se llaman condicionadas porque la entrega de un subsidio monetario está atada, en el primer caso, a que los jóvenes estudien; y en el segundo, a que las madres mantengan y mejoren la escolaridad, peso y talla de sus hijos.

Las evaluaciones que se han hecho de estos programas, los cuales se han escalado desde entonces, arrojan que han cumplido su cometido. Los beneficiarios han respondido adecuadamente a los incentivos planteados. Es decir, los jóvenes que recibieron la ayuda no sólo mejoraron sus ingresos y empleabilidad. También las mujeres registraron ganancias importantes en la asistencia escolar, el peso y la talla de los niños a su cargo.

Con la Constitución Política de 1991 crecieron las necesidades de gasto social. En su momento se discutió si el gasto requerido para superar la pobreza y construir equidad debía hacerse subsidiando la oferta, como acontecía en la salud antes de la ley 100, con coberturas que no superaban el 20 por ciento; o subsidiando la demanda, como sucede hoy día, donde casi la totalidad de la población tiene acceso a los servicios de salud. Los resultados están a la vista de todos. Sectores como la educación, donde se sigue subsidiando la oferta, restringiendo la capacidad ciudadana de elegir, tiene una cobertura y calidad muy inferiores al esfuerzo presupuestal que se hace.

Por eso, la focalización de la inversión es el camino. Habiendo tanta restricción, los recursos públicos sólo deben llegar a los más humildes. El ejemplo de la salud, subsidiando la demanda, es ilustrativo. El de las ayudas condicionadas, en lugar de subsidios generalizados sin contraprestación alguna, también lo es para mejorar los ingresos de los jóvenes y mujeres.

*@AndresJRendonC

 

*Foto Cortesía

¡De jóvenes tristes, a hacer política con alegría!

 

La política, tan desprestigiada entre los jóvenes, es el único camino que nos queda a los reformadores para hacer los cambios que de tiempo atrás hemos querido ver en el país.

Imposible no hablar de los jóvenes en esta coyuntura. Han sido protagonistas de las protestas recientes e información fresca nos ha acercado a lo que sienten y piensan. Su inconformismo es real y auténtico. Colombia no sólo es hoy un país más pobre y desigual. También la pandemia los ha alejado de la necesaria y vital socialización con sus pares. En consecuencia, el miedo por su futuro y la tristeza por su presente parecen marcar la existencia de 20 millones de colombianos entre los 18 y los 30 años.

Como reza el dicho popular, “yo también fui último modelo”, inconforme a mi manera, y bastante crítico. Mientras estudiaba economía en Eafit durante la semana, los fines de semana me formaba con Conciudadanía y diversos actores del Oriente Antioqueño en liderazgo democrático. En los días hábiles entendía el mundo a través de los modelos, historia y teoría económica que me enseñaban al capitalismo como una de las grandes revelaciones de la humanidad. Sábados y domingos, de cara a la realidad promoviendo los Consejos Municipales de Juventudes en la región, registraba de primera mano las “fallas del mercado”.

En aquella época como ahora mis deseos de cambio y reforma se han mantenido intactos. La formación económica y el permanente contacto con el liderazgo juvenil, comunitario, religioso y social de la región afianzaron mi vocación de servicio público. Más concretamente, descubrí que la única forma de cambiar lo que me atormentaba era haciendo política. Desde entonces, con pragmatismo, no he cesado en mi lucha por alcanzar los sueños de juventud. Esta decisión de vida me llevó a ser considerado por mis amigos de universidad como un tipo “muy político”; pero para los de trabajo comunitario como uno “muy técnico”.

La política, noble actividad a la que me dediqué, tan desprestigiada entre los jóvenes, es el único camino que nos queda a los reformadores para hacer los cambios que de tiempo atrás hemos querido ver en el país. Yo di el paso y donde he servido lo he hecho con el amor y la pasión que caracterizan a nuestros muchachos.

Cuento esta larga historia para invitar a nuestros jóvenes a despojarse de la tristeza y pasar de las protestas, las denuncias, las exigencias, el voluntariado y la participación en ONG a la acción política decidida. Somos muchos los que compartimos sus preocupaciones y ánimos reformistas, pero la educación y los empleos de calidad; poner la agenda ambiental en primer orden; priorizar el gasto en cultura y deporte; reducir el Congreso -haciéndolo más pequeño, unicameral- y el gasto burocrático; conectarnos con el mundo; y creer de nuevo en nuestras instituciones, sólo será posible el día que los jóvenes construyan desde la política su propio destino.

Un audio que llegó en una cadena a mi celular hace unos días destacaba cómo los colombianos prestamos mucha atención a las elecciones de alcaldes y presidente, pero no a la del Congreso. Y es allí de donde emana buena parte de la frustración que hoy tenemos. Ahora el reto es tener un Congreso muy joven en 2022. Un congreso que haga las grandes reformas, liderado por colombianos entre los 26 y 30 años que decidieron meterse a la jaula y “encadenar al leviatán”.

@AndresJRendonC

Un Estado que nos proteja

En dos de mis recientes lecturas los autores han puesto de manifiesto la debilidad del Estado Colombiano. De un lado, Daron Acemoglu y James Robinson, en El pasillo estrecho, hablan del “leviatán de papel” y ponen de manifiesto esta situación con la tardanza -que ya supera un siglo- para construir una carretera digna a Mocoa. En contraste, citan al historiador francés Eugen Weber, quien le atribuye a “carreteras, carreteras y aún más carreteras” un papel crucial en la construcción de comunidad para Francia.

De otro lado, Rudolf Hommes, en Así lo recuerdo, afirma que “en Colombia el Estado no existe como en otras partes, donde protege a la ciudadanía, provee servicios y ejerce control en todo el territorio. Algunos destacados académicos han estimado que no opera sino marginalmente como Estado y solamente existe en las leyes, la Constitución y el imaginario colectivo”.

De tiempo atrás me ha costado trabajo entender cómo hemos soslayado la importancia de monopolizar el control territorial del país en todos sus rincones. Una nación de semejante riqueza -donde la coca, una maleza, arroja cuando menos cuatro cosechas por año; pala enterrada en un río sale con oro; y pica que toque una montaña obtiene material útil en la construcción, para no hablar de la madera- tendrá siempre grupos armados ilegales de distinto pelambre dispuestos a capturar las rentas que la explotación de los recursos naturales dejan.

Estos grupos han terminado por controlar vastas extensiones del territorio colombiano, unas veces posando de rebeldes, otras de contrainsurgentes. También les han arrebatado a las autoridades democráticamente constituidas el ejercicio de la tributación, la justicia y la fuerza. Cobran “gramaje”, extorsionan, dirimen conflictos y, cuando han consolidado su presencia, hasta presumen de “proteger” a los pobladores de intrusos. Por supuesto, levantan cruentas barreras de entrada para quienes se atrevan a competirles por las rentas que tienen aseguradas.

Antioquia, que no es precisamente un departamento de la periferia colombiana, constituye un claro ejemplo de lo mucho que debe hacer para conectar a sus ciudadanos y para protegerlos en cualquier sitio. Cuenta con cerca de 28 mil kilómetros de vías, de los cuales más de 26.000 se encuentran en un estado lamentable; y tiene 292 corregimientos -albergando muchos poblaciones más grandes que otros municipios-, pero donde la presencia policial está en apenas 60 de ellos.

El Estado Colombiano debe consolidarse en toda su dimensión para cuidarnos, superar la pandemia y crecer de nuevo. Un buen comienzo, que no demandaría más que un acto administrativo del Presidente y su Ministro de Defensa, sería pasar no menos de 150.000 militares, con mandos de oficiales y suboficiales, a la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional; y 20.000 a robustecer las tareas de investigación judicial. Previamente deben tener un entrenamiento intensivo de máximo seis meses en las competencias policiales por excelencia, investigación criminal y derechos humanos.

Una Dirección de Carabineros así vigorizada haría control territorial en los sitios más lejanos del país -después de ser recuperados por las FFMM-; combatiría el narco/micro tráfico y la minería ilegal; y sería el mejor aliado de nuestros campesinos para consolidar los demás servicios estatales como la justicia, la salud y la educación. Una Dirección Judicial fortalecida debe desmantelar, vía judicialización, las amenazas que se imponen permanentemente sobre la Colombia profunda y sus habitantes, también nuestros compatriotas.

*@AndresJRendonC

Foto: Policía

Colombia necesita un(a) alcalde(sa)

La posición de servicio más bonita que existe en la estructura del Estado colombiano son las alcaldías. Un(a) alcalde(sa) puede revertir el famoso adagio de “no se es profeta en su tierra”. Un mandatario local puede llegar a serlo. Le bastan claridad de propósito, honestidad y trabajo riguroso para cambiarle la vida a su gente y transformar el territorio.

Esto último lo han entendido con mucha inteligencia los ciudadanos. Las cifras locales de participación electoral son superiores a las de la presidencia: 64,15 por ciento versus 48,10 por ciento, respectivamente.

Es común que en las distintas municipalidades del país, en especial en las pequeñas ciudades y en las localidades remotas, los ciudadanos sepan si el alcalde trabaja o no desde el despacho, a qué horas llega, cuándo sale, a qué horas almuerza, dónde vive él y su familia más próxima. Es una cercanía que no se tiene con un diputado, congresista, gobernador y menos con un presidente, a excepción de Uribe que dialogó intensamente con los ciudadanos en sus dos mandatos.

Aunque la Constitución Política de 1991 definió a Colombia como una república unitaria, pero descentralizada, lo que deliberadamente se adoptó fue la descentralización de algunas tareas administrativas muy caras para los electores, pero con la centralización del poder político. La burocracia del Gobierno nacional central es enorme, costosa, distante y muestra pocos resultados sobre los asuntos más relevantes para los colombianos. Son muchas las entidades nacionales (SENA, ICBF, Invías, entre otras) que hace rato debieron salir de la nación y pasar a ser del resorte departamental.

A esta abrumadora centralización, para agravar las cosas, hay que sumarle la forma cómo elegimos a los miembros del Congreso, quienes no proceden de jurisdicciones electorales definidas con rigor y, en consecuencia, representan a “todos y a nadie a la vez”.

Los alcaldes quedaron como los políticos cercanos con verdadera capacidad de resolver toda clase de problemas a los ciudadanos, y los demás como los políticos profesionales con poca capacidad de cumplir las exigencias de los electores. Los alcaldes tienen a diario demandas por temas de seguridad, educación, salud, vivienda, servicios públicos, transporte, asistencia técnica agropecuaria, medioambiente, empleo, deporte, cultura, ordenamiento territorial, entre otros. Los demás políticos quedan un poco al margen de estas tareas o lo que es peor, los ciudadanos poco se enteran de lo que hacen en favor o en contra de ellas.

No todo es color de rosa con las alcaldías. Hay muchos municipios en Colombia con poca o nula capacidad resolutiva, lo que denota una de las muchas falencias que tiene nuestra arquitectura institucional. Esto no evita, sin embargo, las constantes reclamaciones ciudadanas a los mandatarios de los 1.101 despachos del país. El 90 por ciento de los municipios colombianos apenas tiene recursos para funcionar. Las verdaderas posibilidades de inversión sólo se dan en las regiones de Colombia cuando los departamentos o la nación concurren, una vez cada cuarto de siglo, con algún proyecto importante.

¿Ćómo cambiar esto? Primero, es clave tener a la cabeza del Gobierno nacional y los seccionales a un presidente y gobernadores que dialoguen con las regiones. Sólo así se puede ayudar a los alcaldes(as) del país a honrar sus múltiples obligaciones. La luna de miel de Uribe con el pueblo colombiano se dio porque los ciudadanos lo veían como uno de los suyos, porque resolvía como el mejor alcalde que podían tener.

Segundo, urge pensar en “provincializar” muchas alcaldías. Con fundamento en el caso antioqueño sería determinante tener 7,8 grandes provincias con verdadera capacidad de inversión, y no 115 municipios con poca o nula maniobra para mejorar la vida de sus asociados. El Urabá antioqueño, por ejemplo, sería una provincia con más de 600.000 habitantes, con un presupuesto de inversión superior al billón de pesos, y con un alcalde y un concejo provincial. Los municipios existentes serían alcaldías menores, con mandatarios locales elegidos como en Bogotá y con cuerpos colegiados conformados por ediles.

En tercer término, es importante cambiar la forma cómo elegimos a los miembros del Congreso, asambleas y concejos. Ojalá se implementara un sistema electoral mixto, donde al menos el 60 por ciento de los miembros de estas entidades se eligiera por mayorías y el 40 por ciento por el sistema proporcional. Elegir por mayorías implica constituir distritos electorales. Así los ciudadanos sabrían quiénes hablan por ellos y los representantes tendrían claridad de dónde y con quiénes están sus obligaciones. Como dicen los politólogos: se fortalecería el “eslabonamiento político”.

Colombia necesita con urgencia un Alcalde(sa) porque necesitamos un servidor público cercano que nos escuche, que resuelva, que se vea trabajar. O alguien a quien reclamarle, como me dijo un ciudadano cuando le pedí el voto por un candidato al Congreso que había sido alcalde de mi ciudad: “llevo 15 años votando por él, y lo vuelvo a hacer porque al menos lo ve uno por aquí, así sea para insultarlo”.

Foto: Karen Salamanca – Semana

 

Megaproyecto Túnel del Toyo y vías anexas

Este megaproyecto conecta las concesiones de cuarta generación denominadas autopistas al Mar I, desde el río Cauca, y autopista al Mar II en el centro poblado del municipio de Cañasgordas. Tiene un costo aproximado de $1,83 billones del año 2012 y está financiado por el departamento de Antioquia, el municipio de Medellín y el Gobierno Nacional. Cuenta con una longitud de 37,6 km, dividido en dos tramos.

El tramo I está en ejecución y contiene las fases de preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento, con una longitud de 18.2 km. De éstos, 12.6 km van en siete túneles -destacándose el del Toyo como el más largo del megaproyecto con 9.84 km de longitud, lo que lo convertiría en el túnel vial más extenso de América Latina-; 1.3 km en 17 puentes; y 4.3 km de vías a cielo abierto. En la etapa de preconstrucción se ejecutaron para los dos tramos los estudios y diseños definitivos en fase tres, gestión social, gestión predial y licencias ambientales. La etapa de construcción se desarrolla actualmente con más de 4 km de excavación en el túnel del Toyo, ejecución de puentes, otros túneles y vías a cielo abierto. El departamento de Antioquia aportó $780,000 millones de 2012 y el municipio de Medellín $530,000 millones del mismo año. Es importante tener presente que dentro de las obligaciones del contrato para el tramo I no se incluyen suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos. Todo esto, de acuerdo a los convenios suscritos, quedaron a cargo de la Nación.

El tramo II está muy rezagado con respecto a los cronogramas iniciales del megaproyecto Túnel del Toyo y Vías Anexas, derivados de los convenios interadministrativos. El gobierno de Santos incumplió todos sus compromisos firmados respecto a este proyecto. Este tramo II debe construir 11 túneles que suman 5,2 km; 13 puentes con 1.7 km; y 12,5 km de vías a cielo abierto, para un total de longitud de 19.4 km. En este momento la situación para este tramo es la siguiente: en el CONPES 4010 de noviembre de 2020 se aprobaron recursos por $1.4 billones, iniciando en 2021 con $100.000 millones, en 2022 con $140.000 millones, en 2023 con $405.000 millones, en 2024 con $340.000 millones y en 2025 con $415.000 millones. Para la tercera semana de marzo de 2021 se adjudicará la licitación para las obras de este tramo por un valor de $870.000 millones. Quedaría pendiente la adquisición, instalación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos por valor de $530.000 millones. Así las cosas, se presenta un panorama complejo para empalmar los dos tramos al mismo tiempo, lo que conlleva a tener un atraso en la totalidad del megaproyecto. Si conexión al Mar I cumple para 2021 o mediados de 2022 y también cumple Conexión al Mar II, se presentaría un tramo entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas en pésimas condiciones técnicas y con grandes pérdidas operacionales y de tiempo que retrasaría también el desarrollo de Antioquia y Colombia.

Es grande el impacto para el desarrollo económico y la competitividad del país y de Antioquia que representa este macroproyecto, ya que comunica por vía terrestre a Medellín con el mar de Antioquia y, además, comunica regiones de Antioquia como Urabá, Occidente, Oriente, Norte, Nordeste y Suroeste entre sí. A nivel nacional conecta el Eje Cafetero, el Suroccidente y Centro del país con Antioquia y a su vez con la región Caribe de Colombia. Lo anterior debido a que el megaproyecto Túnel del Toyo y sus Vías Anexas reduce 20 kilómetros de longitud vial entre los municipios de Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas; también reduce los tiempos de viaje en una hora aproximadamente entre estos dos municipios y lógicamente entre Medellín y el Urabá antioqueño.

Articulando este megaproyecto con las concesiones 4G en el departamento de Antioquia, entre otros aspectos, se generará un canal seco interoceánico entre el Pacifico y el Atlántico. Es decir, entre el puerto de Buenaventura y los futuros puertos en el mar de Antioquia, obteniendo magníficos resultados para la competitividad y por lo tanto un gran aumento en el crecimiento económico con excelentes resultados para el bienestar de todos los colombianos. Aumentarían las exportaciones e importaciones a unos costos muy inferiores y con mayor rapidez en el tiempo, gracias a las mejoras de la infraestructura física para el transporte.

 

Foto tomada de: https://www.valoraanalitik.com/

 

Una mirada real al estado de los proyectos 4G para Antioquia

De las vías siempre se ha dicho que significan competitividad, empujan el desarrollo, la conectividad, nos acercan y en especial mejoran la calidad de vida de las personas porque les permite satisfacer necesidades, acceder a servicios. Unas buenas vías traen economía para los transportadores y viajeros, incentivan el turismo y nos acercan al siglo XXI.

Antioquia  cuenta con más de 28 mil kilómetros de vías, que están representadas así:  1.378 kilómetros en troncales, transversales y accesos a capitales; en vías secundarias son 4.800 km, que unen las cabeceras municipales; y los 22 mil restantes kilómetros corresponden a vías terciarias, que unen las cabeceras municipales con sus veredas o comunican veredas entre sí.

En los últimos años la figura de las 4G y las denominadas autopistas de la montaña nos llenaron de ilusión y nos hicieron pensar que la conexión de Antioquia con el mar estaba cerca y que las vías de última generación nos llevarían a dar un salto enorme en  competitividad y desarrollo.  ¿Cómo vamos? En esta columna hago una mirada al panorama en el departamento, el avance y el estado de los proyectos.

El panorama

En Antioquia, en etapa de construcción, tenemos las siguientes autopistas 4G: Mar I en las subregiones del Valle de Aburrá, Occidente y Suroeste; Mar II en las subregiones de Occidente y Urabá; Pacífico I en las subregiones del Valle de Aburrá y Suroeste; Pacífico II en las subregiones del Valle de Aburrá y Suroeste; Pacífico III en la subregión del Suroeste; Conexión Norte en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste; Magdalena II en las subregiones del Nordeste y Magdalena Medio. También tenemos concesiones de primera generación como la de Devimed, en el Valle de Aburrá y Oriente antioqueño con la ANI; y Aburrá- Oriente, con el departamento de Antioquia, en las subregiones de Valle de Aburrá y Oriente. Finalmente, una alianza pública privada (APP) de iniciativa privada (IP) en Valle de Aburrá y Nordeste denominada IP Vías del Nus; y la recién adjudicada IP para construir la Doble Calzada a Oriente (DCO).

Algunas de estas megaobras deben, según información de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, ser entregadas este 2021 de acuerdo con sus plazos contractuales. Sin embargo, y mirando la situación actual del desarrollo físico de los proyectos, esto no será posible en la mayoría de los casos. Ni con un milagro alcanzarán a entrar en la etapa de operación como era el compromiso.

De todas estas obras, al parecer, la única que cumplirá será la Autopista Conexión Pacífico II que fue presupuestada en 1,3 billones de pesos del 2012, con una longitud de 96,5 km y que al momento tiene un avance total de ejecución de 97 %.

De sus cinco unidades funcionales cuatro están a menos de 2% para terminar, excepto la unidad funcional cuatro, túnel de Mulatos – Bolombolo, que está en el 89 % de ejecución respecto al 98% de lo planeado. Esta importante y moderna carretera que cubre los tramos de Bolombolo – La Pintada en doble calzada y La Pintada – Primavera en el municipio de Caldas, en tareas de rehabilitación y mantenimiento, se convertirá en el primer paso para que Medellín se acerque al puerto más importante de transferencia de carga de importaciones y exportaciones de Colombia, el puerto de Buenaventura en el Pacífico. Asimismo, a las regiones del Eje Cafetero y del suroccidente de Colombia.

Este año, según la ANI, deben entrar en operación Autopista al Mar I, Autopista al Mar II y Autopista Conexión Pacífico III. Esta última debió entrar en operación desde octubre de 2020, con el infortunio que lleva una ejecución total del 84 % y con un agravante adicional para Antioquia y es que el tramo La Pintada – Puente Arquía solo va en el 40% de ejecución real.

Con respecto a la Autopista al Mar I, se tiene un panorama medianamente esperanzador por los datos actuales. Esta vía fue presupuestada en COP 2,24 billones de 2012, con una longitud de 181 km. En la actualidad la ejecución de obra está por encima de lo planeado, aunque al día de hoy según la ANI, y con el 80 % de ejecución, no parece que entre en operación en diciembre de este año como está establecido en los informes de plazos de la entidad. En cuanto la construcción de la segunda calzada, de un total de 38 km, están listos 13 km y la implementación de los sistemas electromecánicos. Sobre la ventilación del túnel Fernando Gómez Martínez no hay información de la ANI. En este proyecto es importante anotar el mal estado de la carretera actual río Cauca – Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas;  su rehabilitación y mantenimiento también están a cargo de la concesión.

El caso de Autopistas al Mar II, no es tan alentador. Este proyecto fue presupuestado en COP2,6 billones de 2012 y una longitud a intervenir de 254 km. A la fecha tiene una ejecución total de 36 % frente al 90 % que debería estar.  El atraso es el común denominador salvo en el tramo Mutatá – El Tigre que está en muy buenas condiciones, con 92 % de ejecución real del 100 % de la ejecución planeada. Mientas sobre El Tigre – Necoclí  no hay información de la ANI en su página.

La unidad funcional Cañasgordas – Uramita está con ejecución real de 40 %, del 74 % que debería tener.  En el tramo Uramita – Dabeiba, la denominada variante de Fuemia, se encuentra en 32% de ejecución cuando debería estar terminado. La unidad funcional túnel de Fuemia presenta un 8% de ejecución real mientras que la planeada era del 100 % y Dabeiba – Mutatá está en 24%.  Así las cosas será imposible para esta concesión cumplir este año.

Hay que tener la lupa en estos proyectos para hacerles veeduría ciudadanía; es un compromiso de los privados y del sector público. Los retrasos se traducen en más años de bajo crecimiento económico que redunda en no elevar la calidad de vida de los colombianos. Las pérdidas operacionales, los efectos adversos al medio ambiente también pesan, aún más, con una pandemia respirándonos en la nuca.

 

Andres Julián Rendón Cardona

Economista y político

Exalcalde de Rionegro, Antioquia 

EPM se pega un tiro en el pie

Con la demanda a los subcontratistas de Hidroituango, el Alcalde Quintero y el gerente de EPM se pegan un tiro en el pie.

Es fácil de explicar y de entender por el tipo de contrato que suscribió EPM con la sociedad Hidroituango. No deja dudas: toda la responsabilidad de Hidroituango, lo bueno, lo malo y lo feo está en cabeza de EPM.

¿Esto qué quiere decir? Que si en Hidroituango se cometió un error en los diseños o en la ejecución de la galería auxiliar de desvío (GAD la misma que se taponó y generó la contingencia en abril de 2018), lo cual está muy duro de probar porque se encuentra a cientos de metros bajo el agua, la única responsabilidad sería de EPM.

¿Entonces por qué demandan si saben eso?

En ese tipo de contrato que menciono, conocido como BOOMT, por sus siglas en inglés (construir, operar, poseer, mantener y transferir) EPM es el constructor principal.

Está a cargo de supervisar cada diseño y ejecución que se haga en su obra.  Para eso cuenta además con la interventoría, que son sus ojos, su circuito interno de vigilancia en el terreno por llamarlo así.

La interventoría cuenta con cientos de trabajadores, técnicos, ingenieros, que les respiran en la nuca a los contratistas para que hagan bien su trabajo.

En caso de no hacer bien lo que se les indicó, que no hagan una ejecución impecable, de acuerdo a los diseños, entregados por EPM, no solo no les reciben la obra, sino que no les pagan.  Y están obligados a repetir el trabajo y solo cuando lo hagan bien, cuando lo repitan, les pagan.

Varios ingenieros con los que conversé coincidieron en decir que lo único que hacen los subcontratistas en Hidroituango es hacer caso.

Vuelve la pregunta:  ¿Por qué demandan?

La demanda parece premeditada por Quintero y su gerente de EPM en busca de un golpe mediático, populista, politiquero,  con base en mentiras, en un discurso con cálculo electoral de cara a las presidenciales de 2022.

Sin embargo es absurdo, porque al hacerlo se llevan a EPM por encima,  a sus miles de buenos empleados, su reputación, su solidez financiera, su credibilidad, la confianza de los usuarios y del mercado, poniendo en riesgo los recursos que la empresa le genera a Medellín y que son en su mayoría para inversión social. Una jugada política peligrosa y sin probabilidades de triunfar en los tribunales. Todos pierden.

¿Qué podemos hacer?

El camino de los ciudadanos es uno solo: unirnos para defender el proyecto, a EPM y a Medellín. Hacer un control político permanente a los que están tomando las malas decisiones, apoyar al sindicato de EPM que, en esta crisis, ha mostrado liderazgo, firmeza y argumentos.  EPM, Medellín y Antioquia están en riesgo, debemos evitar que la politiquería y las malas decisiones las destruyan.  Con la demanda Quintero y su gerente de EPM se pegan un tiro en el pie.

@AndresJRendonC

¡Referendo Ya!

Aunque muchos han querido señalar al Centro Democrático de tramar una retaliación con la propuesta de la constituyente por la infame decisión de la CSJ contra el Presidente Uribe, la verdad es que ni los últimos gobiernos ni congresos han podido adelantar las reformas que en lo político, electoral, territorial y sobre la justicia requiere el país.

Los ciudadanos tenemos derecho a buscar otras alternativas para tramitar estas iniciativas, así sea por un camino más demorado y tortuoso como es el de un referendo.

Aunque son varios los temas que un mecanismo como este  debería tratar, enumero en esta ocasión unos cuantos institucionales y económicos. Finalmente, las primeras moldean la política y ésta a su vez, como lo sugieren Robinson y Acemoglu, determina lo económico.

En primer lugar, se requiere una reforma a la justicia que la acerque al ciudadano; elimine sus facultades electorales que la han sumido en la más profunda corrupción; se pase de 4 altos tribunales -constitucional, supremo, de estado y superior de la judicatura- con decenas de magistrados a una sola corte que de verdad sea suprema y no tenga más de 9 togados vitalicios, y se les exija a ellos y a la Fiscalía una estricta rendición de cuentas. También, será útil impedir la puerta giratoria hacia la política o el sector privado. Una de las cosas que más daño ha hecho a la judicatura es verla llena de políticos frustrados sin votos, que llegan a liquidar a sus adversarios con la cárcel por haber sido incapaces de lograrlo en las urnas.

Igualmente, se requiere una reforma política que le dé el gusto a los colombianos de contar en esta actividad con más líderes comprometidos con el bien común y menos políticos negociantes de intereses particulares. Para esto, en mi criterio, será necesario implementar un régimen semiparlamentario, un Congreso Unicameral; así como modificar el actual esquema de descentralización.

Es importante destacar que la evidencia empírica internacional, al estudiar cuál régimen favorece más el desarrollo, ha encontrado que los sistemas de gobierno parlamentarios o semiparlamentarios, por ser más democráticos, facilitan más que los presidencialistas la consecución de bienestar.

En Colombia, la crítica a un cambio de régimen ha estado asociada a la debilidad de los partidos políticos. Sin embargo, como en su momento lo afirmara el Ex Presidente Alfonso López Michelsen, esta es la discusión del huevo y la gallina. Es probable que sea precisamente un régimen semiparlamentario lo que requiera la democracia colombiana para tener partidos fuertes.

La implementación de un régimen semiparlamentario debería asociarse con un Congreso Unicameral. El esquema bicameral colombiano no hace ningún sentido. Tanto Cámara como Senado tienen las mismas funciones y sólo difieren en número y en el origen de su elección. También comparten el mal ejercicio de representación que hacen de los electores, pues en sus circunscripciones, representan a todos y a nadie a la vez. Esto último obliga a pensar, además, en la forma en que elegimos a los miembros de las corporaciones públicas. Será útil transitar hacia una forma de elección mixta, que combine el actual sistema proporcional con uno de mayorías. Así, buena parte de los miembros del Congreso, las Asambleas y los Concejos representarían a un número específico de ciudadanos, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia.

De otro lado, es preciso que estas reformas lleguen también a los demás niveles de gobierno, departamentos y municipios. Los gobiernos en unos y otros deberían conformarse fruto de las mayorías logradas en las respectivas corporaciones públicas. Éstas, a su vez, habrían de ser elegidas bajo la modalidad mixta, fortaleciendo el papel de la representación y la rendición de cuentas. Por su puesto, será igualmente útil revisar el esquema de competencias en función de las economías de escala de los bienes y servicios públicos a ofrecer. Por ejemplo, los temas de policía, espacio público y convivencia ciudadana deberían quedar en mano de unidades territoriales pequeñas. Los asuntos de transporte público, educación, vivienda, salud, entre otros, en manos de unidades territoriales más pobladas.

Donde no se implemente el catastro multipropósito, será importante revisar la competencia local de manejar el impuesto predial. Este tributo no sólo debe servir para darles más autonomía fiscal a los municipios, sino para dinamizar el mercado de tierras rurales (vía venta o arrendamiento), gravando la propiedad con tarifas que premien la utilización de la tierra en línea con la vocación de uso del suelo. Mucho se haría en materia de distribución del ingreso procurando un mejor uso del impuesto a la propiedad en Colombia. En Estados Unidos y Canadá se logró no sólo una mejor utilización de la tierra rural; posibilitó, a finales del siglo XIX, que estos países alcanzaran altas tasas de cobertura en su educación básica.

Por último, es necesario acabar con la contralorías territoriales, verdaderas oficias de extorsión.

Todo esto, además, liberaría gran cantidad de recursos para aliviar la difícil situación social que nos dejará la pandemia y para promover el emprendimiento y la innovación.

Para llevar estos cambios es necesario un Referendo Ya.

@AndresJRendonC

Dos años de Duque: la extradición de Arias y la cárcel para Uribe

La vida me ha llevado a desconfiar de los políticos inexpertos o de última hora. Unos y otros, por no conocer el territorio y a la gente en largas campañas, y por desconocer a la actividad misma y a sus colegas, terminan siendo en el ejercicio del gobierno irresponsables, vanidosos e incumplidos.

Y es que comenzar la carrera de servicio público desde una JAL o un Concejo Municipal enseña. Primero, a respetar al electorado. No se puede decir una cosa en campaña para hacer otra en el ejercicio del cargo. Y segundo, obliga a ejercer el liderazgo en función de convicciones y apuestas programáticas. Al fin de cuentas, la política y el liderazgo consisten en eso. Convencer a muchos actores con argumentos y ejemplo de cómo el camino que uno les propone es el indicado.

He sido un enamorado y estudioso de la política, la asumo con vocación, pero ninguna de estas condiciones bastó para que, cuando a los 22 años tuve el honor de ser Concejal de Rionegro, Antioquia, con una alta votación, fuera alguien a quien el Alcalde de turno o los compañeros de cabildo siguieran. Tampoco fue suficiente para ganar la Alcaldía en las dos elecciones que sucedieron. Tal vez muchos políticos locales y conciudadanos intuían que “me faltaba mucho”, y tenían razón. Hoy les agradezco a todos. En 2015 cuando por fin gané la elección a la Alcaldía con el 62% de la participación electoral, una entusiasta electora acuñó “los tiempos de Dios son perfectos”. Posteriormente en mi posesión aseguré, al hablar de las derrotas: …después de todo, como rezan algunas Sentencias Vaticanas “en una disputa gana más el que pierde, debido a que aprende más que nadie”.

Hice parte de los millones de colombianos que votamos por Duque en la consulta, en la primera y la segunda vuelta. Aunque siempre me cuestionaba su inexperiencia, me daba tranquilidad ser el candidato del CD y, en consecuencia, esperaba como Presidente fuera un verdadero muro de contención contra lo que había hecho Santos en favor del narco terrorismo. Infortunadamente, a dos años de terminar su mandato, su legado solo tiene el sino de la pandemia, además de haber permitido que extraditaran a Arias y encarcelaran a Uribe.

Por todo esto, el día de la infame medida de la CSJ en contra del Presidente Uribe manifesté que Duque era en parte responsable de este triste desenlace. Los más de 10 millones de colombianos que votamos por él, del espectro político de la centro – derecha, confiábamos modificara los siniestros acuerdos de La Habana, pero no les cambió ni una coma; acabara con la JEP, pero se rindió en el primer intento; asperjara con glifosato, pero le da miedo de la Corte Constitucional; amén de la grandes reformas a la justicia, a la política y al régimen electoral que nunca intentó.

Todo eso lo único que hizo fue envalentonar a las Farc y a sus aliados -Santos, Cepeda, Petro, Maduro, entre otros- hasta obtener el trofeo que tristemente consiguieron el pasado 4 de agosto.

Un ciudadano que me reclamó hace poco por su actitud me dijo, “si hubiera querido un tibio, hubiera votado por el flojo de Fajardo”. Sólo atiné a responderle, “Yo también quería un Presidente fuerte”. Ojalá me equivoque, pero parece esta vez no fue.

@AndresJRendonC

Inseguridad, la pandemia de siempre (2)

En la pasada columna hice un recuento de lo que ha acontecido a lo largo de los años en Colombia en materia de orden público y seguridad ciudadana. Dije que el discurso de las “causas objetivas de la violencia” casi nos condena a tener que vivir por siempre con criminales de distinto pelambre encima. También manifesté cómo, con certeza por cuenta de la seguridad democrática, y con ingenuidad por la negociación con las Farc, creímos los desafíos al Estado por parte de grupos armados ilegales eran parte del pasado, y entonces la prioridad sería la seguridad ciudadana.

https://andresjulian.com/2020/07/09/inseguridad-colombia-pandemia/

Sin embargo, tal y como lo expresó el exviceministro de Defensa, Alejandro Arbeláez, la “seguridad nunca está consolidada”. En consecuencia, hoy tenemos tantos o más problemas de orden público y muchos y más visibles de inseguridad cotidiana. ¿Qué hacer? ¿Qué puede funcionar?

En primer lugar, no hay de otra que controlar el vasto territorio rural para poner a raya a guerrilla y bandas criminales en lo que es su objetivo estratégico, capturar las rentas de alguna actividad ilegal. En eso es clave no sólo recuperar con las Fuerzas Militares esos espacios, sino una vez se tenga presencia estatal en todas las dimensiones, dejar a los carabineros de la Policía Nacional para que siempre estén en la tarea de consolidar la presencia institucional. Aquí sería importante y fácil de lograr, como la expuesto el General (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, la conversión de un número importante de soldados profesionales en carabineros. Necesitarían formación en convivencia ciudadana, derecho de policía, asistencia técnica rural, entre otros asuntos que deberán conocer, por ser en la práctica la autoridad que quedaría en la Colombia profunda.

En segundo término, quiero destacar algunas medidas que nos arrojaron resultados sorprendentes en el paso por la Alcaldía de Rionegro para combatir los fenómenos de inseguridad ciudadana.

Por sugerencia del General (r) Martínez, creamos las “gerencias contra el delito”. Entendimos el fenómeno delincuencial en la ciudad y en los hogares, sus manifestaciones, sus horarios y sus frecuencias, para terminar definiendo tres gerencias. La primera, al mando del Subcomandante de Policía de la ciudad, agrupaba todos los hechos que afectaban la integridad física de las personas (homicidios, lesiones personales, violencia doméstica y abuso sexual). La segunda, coordinada por el Gaula Militar y la Fiscalía, recogía todas las acciones delictivas en contra del patrimonio de las personas (secuestro con fines extorsivos, extorsión, y los hurtos en sus distintas modalidades). La última, manejada por la SIJIN y el CTI, encerraba toda la lucha contra el microtráfico y sus estructuras delincuenciales.

De lo anterior, quedaron grandes enseñanzas. La primera, es que la seguridad requiere de un gran esfuerzo de liderazgo y coordinación por parte del gobernante, todos los días, para obtener resultados. No hubo semana en que no sostuviéramos al menos cuatro consejos o reuniones de seguridad para proteger a los ciudadanos. En cuanto a los homicidios, por ejemplo, logramos reducirlos de 50 en 2015 (al recibir nuestro gobierno) a 11 en 2019, 78% menos, ubicando la tasa por cada 100 mil habitantes en 8.2, cifra que al ser de un dígito y según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, permite dejar de considerar este delito como un problema de salud pública.

La segunda, es que los problemas hay que visibilizarlos para enfrentarlos. Registramos con un riguroso sistema de información los casos de violencia sexual y doméstica. Motivamos la denuncia, así nos escandalizara, para atenuar la gravedad del asunto desde lo penal y desde las Comisarías de Familia.

Finalmente, aprendí que hay herramientas administrativas muy importantes y eficaces. En mi paso por la Secretaría de Gobierno Departamental y por la Alcaldía nunca me tocó presenciar un proceso de extinción de dominio a un domicilio donde se expendiera vicio. Por fortuna, el nuevo Código de Policía les dio la facultad a los alcaldes de derribar “casas de vicio” sólo con un informe de policía judicial. En Rionegro derribamos no menos de 20 y les devolvimos la dignidad a barrios enteros que por generaciones habían cargado con el moquete de ser expendios de droga. De golpe, pusimos a correr a los miembros de los tres grupos delincuenciales que en la ciudad se dedicaban a ese oficio.

En síntesis, cuando la justicia no es disuasiva -que es lo ideal- las herramientas administrativas usadas con determinación, sí que lo son.

@AndresJRendonC

Foto: Mi Oriente