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EPM se pega un tiro en el pie

Con la demanda a los subcontratistas de Hidroituango, el Alcalde Quintero y el gerente de EPM se pegan un tiro en el pie.

Es fácil de explicar y de entender por el tipo de contrato que suscribió EPM con la sociedad Hidroituango. No deja dudas: toda la responsabilidad de Hidroituango, lo bueno, lo malo y lo feo está en cabeza de EPM.

¿Esto qué quiere decir? Que si en Hidroituango se cometió un error en los diseños o en la ejecución de la galería auxiliar de desvío (GAD la misma que se taponó y generó la contingencia en abril de 2018), lo cual está muy duro de probar porque se encuentra a cientos de metros bajo el agua, la única responsabilidad sería de EPM.

¿Entonces por qué demandan si saben eso?

En ese tipo de contrato que menciono, conocido como BOOMT, por sus siglas en inglés (construir, operar, poseer, mantener y transferir) EPM es el constructor principal.

Está a cargo de supervisar cada diseño y ejecución que se haga en su obra.  Para eso cuenta además con la interventoría, que son sus ojos, su circuito interno de vigilancia en el terreno por llamarlo así.

La interventoría cuenta con cientos de trabajadores, técnicos, ingenieros, que les respiran en la nuca a los contratistas para que hagan bien su trabajo.

En caso de no hacer bien lo que se les indicó, que no hagan una ejecución impecable, de acuerdo a los diseños, entregados por EPM, no solo no les reciben la obra, sino que no les pagan.  Y están obligados a repetir el trabajo y solo cuando lo hagan bien, cuando lo repitan, les pagan.

Varios ingenieros con los que conversé coincidieron en decir que lo único que hacen los subcontratistas en Hidroituango es hacer caso.

Vuelve la pregunta:  ¿Por qué demandan?

La demanda parece premeditada por Quintero y su gerente de EPM en busca de un golpe mediático, populista, politiquero,  con base en mentiras, en un discurso con cálculo electoral de cara a las presidenciales de 2022.

Sin embargo es absurdo, porque al hacerlo se llevan a EPM por encima,  a sus miles de buenos empleados, su reputación, su solidez financiera, su credibilidad, la confianza de los usuarios y del mercado, poniendo en riesgo los recursos que la empresa le genera a Medellín y que son en su mayoría para inversión social. Una jugada política peligrosa y sin probabilidades de triunfar en los tribunales. Todos pierden.

¿Qué podemos hacer?

El camino de los ciudadanos es uno solo: unirnos para defender el proyecto, a EPM y a Medellín. Hacer un control político permanente a los que están tomando las malas decisiones, apoyar al sindicato de EPM que, en esta crisis, ha mostrado liderazgo, firmeza y argumentos.  EPM, Medellín y Antioquia están en riesgo, debemos evitar que la politiquería y las malas decisiones las destruyan.  Con la demanda Quintero y su gerente de EPM se pegan un tiro en el pie.

@AndresJRendonC

¡Referendo Ya!

Aunque muchos han querido señalar al Centro Democrático de tramar una retaliación con la propuesta de la constituyente por la infame decisión de la CSJ contra el Presidente Uribe, la verdad es que ni los últimos gobiernos ni congresos han podido adelantar las reformas que en lo político, electoral, territorial y sobre la justicia requiere el país.

Los ciudadanos tenemos derecho a buscar otras alternativas para tramitar estas iniciativas, así sea por un camino más demorado y tortuoso como es el de un referendo.

Aunque son varios los temas que un mecanismo como este  debería tratar, enumero en esta ocasión unos cuantos institucionales y económicos. Finalmente, las primeras moldean la política y ésta a su vez, como lo sugieren Robinson y Acemoglu, determina lo económico.

En primer lugar, se requiere una reforma a la justicia que la acerque al ciudadano; elimine sus facultades electorales que la han sumido en la más profunda corrupción; se pase de 4 altos tribunales -constitucional, supremo, de estado y superior de la judicatura- con decenas de magistrados a una sola corte que de verdad sea suprema y no tenga más de 9 togados vitalicios, y se les exija a ellos y a la Fiscalía una estricta rendición de cuentas. También, será útil impedir la puerta giratoria hacia la política o el sector privado. Una de las cosas que más daño ha hecho a la judicatura es verla llena de políticos frustrados sin votos, que llegan a liquidar a sus adversarios con la cárcel por haber sido incapaces de lograrlo en las urnas.

Igualmente, se requiere una reforma política que le dé el gusto a los colombianos de contar en esta actividad con más líderes comprometidos con el bien común y menos políticos negociantes de intereses particulares. Para esto, en mi criterio, será necesario implementar un régimen semiparlamentario, un Congreso Unicameral; así como modificar el actual esquema de descentralización.

Es importante destacar que la evidencia empírica internacional, al estudiar cuál régimen favorece más el desarrollo, ha encontrado que los sistemas de gobierno parlamentarios o semiparlamentarios, por ser más democráticos, facilitan más que los presidencialistas la consecución de bienestar.

En Colombia, la crítica a un cambio de régimen ha estado asociada a la debilidad de los partidos políticos. Sin embargo, como en su momento lo afirmara el Ex Presidente Alfonso López Michelsen, esta es la discusión del huevo y la gallina. Es probable que sea precisamente un régimen semiparlamentario lo que requiera la democracia colombiana para tener partidos fuertes.

La implementación de un régimen semiparlamentario debería asociarse con un Congreso Unicameral. El esquema bicameral colombiano no hace ningún sentido. Tanto Cámara como Senado tienen las mismas funciones y sólo difieren en número y en el origen de su elección. También comparten el mal ejercicio de representación que hacen de los electores, pues en sus circunscripciones, representan a todos y a nadie a la vez. Esto último obliga a pensar, además, en la forma en que elegimos a los miembros de las corporaciones públicas. Será útil transitar hacia una forma de elección mixta, que combine el actual sistema proporcional con uno de mayorías. Así, buena parte de los miembros del Congreso, las Asambleas y los Concejos representarían a un número específico de ciudadanos, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia.

De otro lado, es preciso que estas reformas lleguen también a los demás niveles de gobierno, departamentos y municipios. Los gobiernos en unos y otros deberían conformarse fruto de las mayorías logradas en las respectivas corporaciones públicas. Éstas, a su vez, habrían de ser elegidas bajo la modalidad mixta, fortaleciendo el papel de la representación y la rendición de cuentas. Por su puesto, será igualmente útil revisar el esquema de competencias en función de las economías de escala de los bienes y servicios públicos a ofrecer. Por ejemplo, los temas de policía, espacio público y convivencia ciudadana deberían quedar en mano de unidades territoriales pequeñas. Los asuntos de transporte público, educación, vivienda, salud, entre otros, en manos de unidades territoriales más pobladas.

Donde no se implemente el catastro multipropósito, será importante revisar la competencia local de manejar el impuesto predial. Este tributo no sólo debe servir para darles más autonomía fiscal a los municipios, sino para dinamizar el mercado de tierras rurales (vía venta o arrendamiento), gravando la propiedad con tarifas que premien la utilización de la tierra en línea con la vocación de uso del suelo. Mucho se haría en materia de distribución del ingreso procurando un mejor uso del impuesto a la propiedad en Colombia. En Estados Unidos y Canadá se logró no sólo una mejor utilización de la tierra rural; posibilitó, a finales del siglo XIX, que estos países alcanzaran altas tasas de cobertura en su educación básica.

Por último, es necesario acabar con la contralorías territoriales, verdaderas oficias de extorsión.

Todo esto, además, liberaría gran cantidad de recursos para aliviar la difícil situación social que nos dejará la pandemia y para promover el emprendimiento y la innovación.

Para llevar estos cambios es necesario un Referendo Ya.

@AndresJRendonC

Dos años de Duque: la extradición de Arias y la cárcel para Uribe

La vida me ha llevado a desconfiar de los políticos inexpertos o de última hora. Unos y otros, por no conocer el territorio y a la gente en largas campañas, y por desconocer a la actividad misma y a sus colegas, terminan siendo en el ejercicio del gobierno irresponsables, vanidosos e incumplidos.

Y es que comenzar la carrera de servicio público desde una JAL o un Concejo Municipal enseña. Primero, a respetar al electorado. No se puede decir una cosa en campaña para hacer otra en el ejercicio del cargo. Y segundo, obliga a ejercer el liderazgo en función de convicciones y apuestas programáticas. Al fin de cuentas, la política y el liderazgo consisten en eso. Convencer a muchos actores con argumentos y ejemplo de cómo el camino que uno les propone es el indicado.

He sido un enamorado y estudioso de la política, la asumo con vocación, pero ninguna de estas condiciones bastó para que, cuando a los 22 años tuve el honor de ser Concejal de Rionegro, Antioquia, con una alta votación, fuera alguien a quien el Alcalde de turno o los compañeros de cabildo siguieran. Tampoco fue suficiente para ganar la Alcaldía en las dos elecciones que sucedieron. Tal vez muchos políticos locales y conciudadanos intuían que “me faltaba mucho”, y tenían razón. Hoy les agradezco a todos. En 2015 cuando por fin gané la elección a la Alcaldía con el 62% de la participación electoral, una entusiasta electora acuñó “los tiempos de Dios son perfectos”. Posteriormente en mi posesión aseguré, al hablar de las derrotas: …después de todo, como rezan algunas Sentencias Vaticanas “en una disputa gana más el que pierde, debido a que aprende más que nadie”.

Hice parte de los millones de colombianos que votamos por Duque en la consulta, en la primera y la segunda vuelta. Aunque siempre me cuestionaba su inexperiencia, me daba tranquilidad ser el candidato del CD y, en consecuencia, esperaba como Presidente fuera un verdadero muro de contención contra lo que había hecho Santos en favor del narco terrorismo. Infortunadamente, a dos años de terminar su mandato, su legado solo tiene el sino de la pandemia, además de haber permitido que extraditaran a Arias y encarcelaran a Uribe.

Por todo esto, el día de la infame medida de la CSJ en contra del Presidente Uribe manifesté que Duque era en parte responsable de este triste desenlace. Los más de 10 millones de colombianos que votamos por él, del espectro político de la centro – derecha, confiábamos modificara los siniestros acuerdos de La Habana, pero no les cambió ni una coma; acabara con la JEP, pero se rindió en el primer intento; asperjara con glifosato, pero le da miedo de la Corte Constitucional; amén de la grandes reformas a la justicia, a la política y al régimen electoral que nunca intentó.

Todo eso lo único que hizo fue envalentonar a las Farc y a sus aliados -Santos, Cepeda, Petro, Maduro, entre otros- hasta obtener el trofeo que tristemente consiguieron el pasado 4 de agosto.

Un ciudadano que me reclamó hace poco por su actitud me dijo, “si hubiera querido un tibio, hubiera votado por el flojo de Fajardo”. Sólo atiné a responderle, “Yo también quería un Presidente fuerte”. Ojalá me equivoque, pero parece esta vez no fue.

@AndresJRendonC

Inseguridad, la pandemia de siempre (2)

En la pasada columna hice un recuento de lo que ha acontecido a lo largo de los años en Colombia en materia de orden público y seguridad ciudadana. Dije que el discurso de las “causas objetivas de la violencia” casi nos condena a tener que vivir por siempre con criminales de distinto pelambre encima. También manifesté cómo, con certeza por cuenta de la seguridad democrática, y con ingenuidad por la negociación con las Farc, creímos los desafíos al Estado por parte de grupos armados ilegales eran parte del pasado, y entonces la prioridad sería la seguridad ciudadana.

https://andresjulian.com/2020/07/09/inseguridad-colombia-pandemia/

Sin embargo, tal y como lo expresó el exviceministro de Defensa, Alejandro Arbeláez, la “seguridad nunca está consolidada”. En consecuencia, hoy tenemos tantos o más problemas de orden público y muchos y más visibles de inseguridad cotidiana. ¿Qué hacer? ¿Qué puede funcionar?

En primer lugar, no hay de otra que controlar el vasto territorio rural para poner a raya a guerrilla y bandas criminales en lo que es su objetivo estratégico, capturar las rentas de alguna actividad ilegal. En eso es clave no sólo recuperar con las Fuerzas Militares esos espacios, sino una vez se tenga presencia estatal en todas las dimensiones, dejar a los carabineros de la Policía Nacional para que siempre estén en la tarea de consolidar la presencia institucional. Aquí sería importante y fácil de lograr, como la expuesto el General (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, la conversión de un número importante de soldados profesionales en carabineros. Necesitarían formación en convivencia ciudadana, derecho de policía, asistencia técnica rural, entre otros asuntos que deberán conocer, por ser en la práctica la autoridad que quedaría en la Colombia profunda.

En segundo término, quiero destacar algunas medidas que nos arrojaron resultados sorprendentes en el paso por la Alcaldía de Rionegro para combatir los fenómenos de inseguridad ciudadana.

Por sugerencia del General (r) Martínez, creamos las “gerencias contra el delito”. Entendimos el fenómeno delincuencial en la ciudad y en los hogares, sus manifestaciones, sus horarios y sus frecuencias, para terminar definiendo tres gerencias. La primera, al mando del Subcomandante de Policía de la ciudad, agrupaba todos los hechos que afectaban la integridad física de las personas (homicidios, lesiones personales, violencia doméstica y abuso sexual). La segunda, coordinada por el Gaula Militar y la Fiscalía, recogía todas las acciones delictivas en contra del patrimonio de las personas (secuestro con fines extorsivos, extorsión, y los hurtos en sus distintas modalidades). La última, manejada por la SIJIN y el CTI, encerraba toda la lucha contra el microtráfico y sus estructuras delincuenciales.

De lo anterior, quedaron grandes enseñanzas. La primera, es que la seguridad requiere de un gran esfuerzo de liderazgo y coordinación por parte del gobernante, todos los días, para obtener resultados. No hubo semana en que no sostuviéramos al menos cuatro consejos o reuniones de seguridad para proteger a los ciudadanos. En cuanto a los homicidios, por ejemplo, logramos reducirlos de 50 en 2015 (al recibir nuestro gobierno) a 11 en 2019, 78% menos, ubicando la tasa por cada 100 mil habitantes en 8.2, cifra que al ser de un dígito y según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, permite dejar de considerar este delito como un problema de salud pública.

La segunda, es que los problemas hay que visibilizarlos para enfrentarlos. Registramos con un riguroso sistema de información los casos de violencia sexual y doméstica. Motivamos la denuncia, así nos escandalizara, para atenuar la gravedad del asunto desde lo penal y desde las Comisarías de Familia.

Finalmente, aprendí que hay herramientas administrativas muy importantes y eficaces. En mi paso por la Secretaría de Gobierno Departamental y por la Alcaldía nunca me tocó presenciar un proceso de extinción de dominio a un domicilio donde se expendiera vicio. Por fortuna, el nuevo Código de Policía les dio la facultad a los alcaldes de derribar “casas de vicio” sólo con un informe de policía judicial. En Rionegro derribamos no menos de 20 y les devolvimos la dignidad a barrios enteros que por generaciones habían cargado con el moquete de ser expendios de droga. De golpe, pusimos a correr a los miembros de los tres grupos delincuenciales que en la ciudad se dedicaban a ese oficio.

En síntesis, cuando la justicia no es disuasiva -que es lo ideal- las herramientas administrativas usadas con determinación, sí que lo son.

@AndresJRendonC

Foto: Mi Oriente

Inseguridad, la pandemia de siempre (1)

Uno de los asuntos públicos que más ha agobiado a los colombianos es la violencia. Ha estado por lustros entre las demandas más importantes de los ciudadanos a las autoridades y en la agenda del debate académico y político. Aunque el problema no ha desaparecido, sí que se ha transformado tanto en la forma de abordarlo a lo largo de los años por los gobiernos, como en sus manifestaciones.

En cuanto a la forma, por fortuna se ha evaporado el discurso “de las causas objetivas de la violencia”; ese que durante décadas nos vendió la idea de ser un país inseguro por nuestra pobreza y desigualdad. Esa tesis justificó la insurgencia -aunque el trabajo académico de muchos la desbarató- y, en consecuencia, la idea contemporizadora con el crimen de muchos presidentes.

Desenmascarar este discurso llegó, primero, porque la evidencia empírica demostró cómo en el mundo ha habido países más pobres y desiguales que Colombia, pero sin la violencia que hemos tenido que sufrir en nuestro país. Segundo, porque gracias a una de las voces intelectuales más importantes en esta materia, Paul Collier, nos quedó claro que los “rebeldes” solo han actuado aquí, y en el mundo entero, como un grupo de delincuencia organizada detrás de la captura de rentas criminales; en el caso colombiano, el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión, entre otros.

En cuanto a las manifestaciones, hemos tenido de todo y en distintas categorías: i) insurgencia y contrainsurgencia narcoterrorista; ii) narcotráfico puro y duro; iii) delincuencia común; y iv) la violencia que toma lugar dentro de los hogares. Los dos primeros, que pusieron a tambalear la existencia misma del Estado colombiano, han sido expresiones típicas de la problemática de orden público; los dos últimos, de inseguridad ciudadana.

La Seguridad Democrática del Presidente Uribe puso a raya, con gran éxito, la violencia instrumental; es decir aquella que persigue, así sea disfrazada de un discurso político, la captura de una renta económica. Atrás habían quedado los grandes desafíos que guerrilla, paramilitares y narcotráfico le imponían al Estado. Por su parte, la operatividad de la Fuerza Pública, más que la misma justicia, le hizo en esta época muy costoso el accionar a la delincuencia organizada.

Todo iba bien hasta que llegó la vanidad y el ánimo contemporizador de Juan Manuel Santos, quien con su proceso de paz volvió a mandar el mensaje que se vale secuestrar, extorsionar, matar y traquetear siempre que se disfrace de rebeldía ese quehacer criminal; al fin de cuentas, siempre habrá un gobernante ávido de premios con capacidad de establecer indultos. A favor del crimen organizado de distinto pelambre también jugó la incapacidad de la justicia para defender a los ciudadanos y a la institucionalidad.

El proceso de paz con las Farc hizo pensar a muchos que acababan los problemas de orden público y comenzó a visualizar más los propios de seguridad ciudadana y violencia impulsiva, como la doméstica y sexual. Pero, la incapacidad para controlar nuestro vasto, extenso y rico territorio, ha puesto de manifiesto que la retaguardia de las Farc, el Eln y las Bacrim siguen teniendo cómo desafiarnos y amedrentarnos.

Mientras tanto, ni con el COVID-19 ha desaparecido la inseguridad de los grandes centros poblados y ha arreciado tristemente la que está acabando con la vida de mujeres y niños. Son las miles de víctimas la evidencia de que el asunto público que nos ha agobiado por muchos años, es la verdadera pandemia en Colombia, esa misma que no hemos podido extinguir.

@AndresJRendonC

Foto: AFP

El AMOR (2) – Mitos y realidades

La semana anterior, con ocasión del proyecto para la constitución de Área Metropolitana (AM) en el Centro-Sur de Caldas, hablamos de la importancia de esta figura y de sus principales competencias.

Lee aquí: El AMOR (1) https://andresjulian.com/2020/05/21/el-amor-1/

En esta ocasión será útil desmitificar las más importantes distorsiones que se sembraron sobre el proyecto de El Área Metropolitana del Oriente Antioqueño, AMOR. Los ciudadanos merecen conocer con rigor la verdad de las cosas.

Mito 1. “Se pierde la autonomía municipal”: Falso. Las AM NO son entidades territoriales. Sí son entes administrativos con patrimonio e ingresos propios, lo que se establece por los Concejos Municipales de las localidades que la conformen. Tienen unas competencias muy bien definidas por la norma en los temas de planeación, movilidad y medio ambiente.

Mito 2. “Aportar al AM baja la categoría de los municipios”: Incorrecto. La categoría de los municipios la perfila su población y sus ingresos propios. Como se estableció anteriormente, los aportes de los municipios miembros los concreta el respectivo concejo municipal, así que pertenecer o no a un AM en nada afecta este aspecto.

Mito 3. “Se suben los impuestos porque se debe crear una sobretasa al predial para el medio ambiente”: Mentira. En la anterior columna clarificamos que la competencia ambiental toma lugar cuando el conjunto de la población urbana de los municipios que integren el AM supere el millón de habitantes. Solo en este caso, parte de los recursos que hoy debe girar cada municipio a la Corporación Autónoma Ambiental de su jurisdicción, irían al AM.

Mito 4. “Municipio núcleo o capital nos mandará”: Irreal. Solo las decisiones que tome la junta metropolitana -acuerdos metropolitanos- y únicamente sobre los temas de su competencia -planeación, medio ambiente cuando supere el millón de habitantes, y movilidad- se entienden como de superior jerarquía a los actos administrativos que sobre la misma materia se expidan en los municipios miembros.

Mito 5. “Recibiremos menos de lo que aportamos”: Embuste. Una de las más bonitas bondades de un AM es lo mucho que facilita la construcción de equidad. Cuando tuve ocasión de trabajar en la Gobernación de Antioquia y recorrer todo el departamento, registré como en al menos 100 de los 125 municipios antioqueños, solo se hacían inversiones  importantes cuando estas las financiaba la Nación y/o el gobierno seccional. Estos municipios, altamente dependientes de las transferencias nacionales, siguen sin resolver sus problemas de pobreza, menos de desigualdad.

Pensemos en la oportunidad enorme que se abre, con esta figura, de financiar y adelantar obras que benefician a la región entera y a los municipios, pero que ninguno de ellos -en especial los más pobres- por sí solo estaría en capacidad de cofinanciar.

No olvidemos en este último punto, que salvo el municipio núcleo o capital, quien es un aportante neto de recursos, los demás son receptores netos de inversiones para desarrollar sus territorios y mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

@AndresJRendonC

Foto: https://diarioriente.com/

El AMOR (1)

Recientemente fui invitado por el Gobernador de Caldas para discutir, con su equipo y los gobiernos de Manizales, Villamaría, Palestina, Chinchiná y Neira, la necesidad de constituir el Área Metropolitana del Centro-Sur en ese hermoso departamento. No hice otra cosa que exponer lo que siempre he indicado como bondadoso para el Área Metropolitana del Oriente Antioqueño -AMOR-.

En efecto, siempre argüí que un área metropolitana es la única figura establecida en el ordenamiento jurídico colombiano con la posibilidad de esgrimirse como autoridad supramunicipal. Ante esto, es preciso preguntarnos si necesitamos una autoridad supramunicipal y en qué casos.

La Constitución Política colombiana establece que solo en los casos de seguridad y orden público, el Presidente de la República y los Gobernadores, cuando actúen como agentes de éste, son superiores jerárquicos de los Alcaldes. Así las cosas, aunque Colombia es una república descentralizada, pero unitaria, los mandatarios locales -sin importar el tamaño de la localidad- gozan de gran autonomía en la mayoría de los temas. No en vano se ha hecho famoso el dicho que reza “en Colombia, cada Alcalde es Presidente en su pueblo”.

Las áreas metropolitanas son entidades administrativas autónomas, “infradepartamentales pero supramunicipales”, que en los asuntos de su competencia -la planeación, la movilidad y el medio ambiente- ayudan en mucho a planificar, ordenar y regular el desarrollo de un territorio. Y son estos temas los que necesitan de una autoridad superior, que se sobreponga a los egos locales.

Pero, ¿quién defiende el AMOR? Sus competencias esenciales hablan con contundencia. En primer lugar, la que aparece es sobre movilidad. No solo está el poderse instituir como autoridad de transporte para su jurisdicción. Está la posibilidad de cambiar los medios en que se movilizan los ciudadanos por unos amigables con el ambiente y accesibles a la población en situación de discapacidad. Todo esto, enmarcado en el plan estratégico sobre la materia (PMM) y que deberá ser componente integral de planes metropolitanos de ordenamiento territorial (PEMOT) e integral de desarrollo para el largo plazo (PIDMlp).

En segundo término, aparece la competencia ambiental, la cual solo toma lugar cuando el conglomerado urbano que conforme el área supere el millón de habitantes, algo que no alcanza aún ni el esquema planteado en Caldas ni el del Oriente.

De tercero tenemos, la función de planeación. Aquí es clave manifestar que los esquemas y planes de ordenamiento territorial locales deben guardar armonía con el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMEOT). De hecho, el acuerdo metropolitano sobre esta materia se convierte en uno de mayor jerarquía a los expedidos en el ámbito municipal.

Finalmente, debo destacar la que para mí es la oportunidad más bonita que nos brindaría constituir un área metropolitana: la construcción de equidad. Salvo el municipio núcleo o capital (el de mayor categoría), quien en términos fiscales sería un aportante neto de recursos, los demás recibirían en obras y transferencias mucho más de lo que aportan.

@AndresJRendonC

*Foto: Julio César Herrera - El Colombiano

Urgente: una reforma tributaria para reducir los impuestos (parte 2)

Pero, ¿y qué hacemos con el diagnóstico de la columna anterior?

Léala aquí: https://andresjulian.com/2020/05/07/urgente-una-reforma-tributaria-para-reducir-los-impuestos-parte-1/

En el caso del impuesto de renta, sería útil establecer la obligación de que todos declaremos ingresos, así no todos paguemos impuestos. Abogo porque no pague el 97,6% de la población, es decir, quienes están en situación de pobreza extrema (7,2%), pobreza (19,8%), vulnerabilidad (39,8%) y la clase media (30,8%). Para 2018, el DANE estimó que la clase alta en Colombia es aquella que percibe ingresos mensuales de $3.045.147 por persona, lo que alcanza a ser el 2,4% de la población total del país.

A renglón seguido, también deberíamos eliminar todas las exenciones, salvo una para los ingresos laborales, pensionales y de capital hasta de $3 millones/mes -el BID sugiere que el umbral de descuento no supere el ingreso percápita de los países, $1.75 millones/mes para el caso colombiano-. Así solo serían sujeto del impuesto de renta las personas que ganen más de esta cifra, pero igual la podrían descontar de su renta gravable. Esto es, si alguien se gana $36 millones en el año ($3 millones x 12 meses), declararía renta pero no pagaría monto alguno. Si otra persona se gana $48 millones en el año, podría descontar de esta cifra los $36 millones que están exentos, dejando como renta gravable solo $12 millones.

También necesitamos establecer -como lo hicieron con éxito hace ya un cuarto de siglo varios países de Europa Oriental- una tarifa única de renta. Esta, no mayor al 25%, sería igual para personas naturales y jurídicas, a fin de evitar arbitrajes. De esta manera, el contribuyente con un ingreso gravable de $12 millones, pagaría $3 millones de impuesto de renta en el año.

Esta ganancia en simplicidad no sacrifica la progresividad. El que tenga un salario mensual de $4 millones/mes terminaría con una tasa efectiva de tributación apenas superior al 6.3%; un súper pudiente, que los hay en Colombia, con ingresos mensuales de $44,5 millones, pagaría una tasa efectiva 3.7 veces mayor que el primer contribuyente, 23,3%.

Para el caso de las empresas, sería útil mantener la posibilidad de descontar el impuesto de industria y comercio -ICA- del monto gravable de renta. Este tributo, si bien dinamiza mucho las finanzas locales, nos resta competitividad, pues se liquida sobre ingresos brutos.

En cuanto al IVA, urge establecer una tarifa única y general para todos los bienes y servicios de la economía que no supere el 12%. Habrá que exigir se le regrese a la población más pobre del país lo pagado por este concepto, tal y como lo ha hecho ya con mucho acierto el gobierno nacional para un millón de familias en medio de esta crisis.

Simplificar el sistema tributario podría duplicar los tributos más importantes y ayudar a corregir el déficit; le daría al gobierno recursos frescos para no dejar disparar la pobreza; y si se focalizara bien el gasto público, comenzaríamos a construir un país más equitativo.

La pandemia ha puesto de manifiesto muchos anacronismos. Varios de ellos toman lugar en el mercado laboral. Los colombianos debemos entender que, después de la violencia, el drama social más grande que padecemos es la informalidad. Resolver eso pasa por flexibilizar la contratación laboral y reducir los sobre costos que hoy existen para tener con “todas las de la ley” a un empleado. Después de todo, como afirmara Reagan, “el mejor programa social del mundo es un empleo”. Y muchos hoy nos preguntamos, ¿para qué cajas de compensación, y otras cosas que encierran los parafiscales si estamos es luchando por mantener los empleos? Deberíamos reducir los mal llamados impuestos a la nómina a la mínima expresión y financiar solo los renglones prioritarios de la seguridad social con impuestos generales.

Finalmente, unos tributos sencillos no distorsionadores de la actividad económica le darían al gobierno los recursos, y la capacidad, necesarios para maniobrar tanto en tiempos normales como en tiempos extraordinarios. También construirían legitimidad. Los ciudadanos verían en el Estado y en quienes lo regentan que se está a su servicio. La democracia saldría ganando.

@AndresJRendonC

Urgente: una reforma tributaria para reducir los impuestos (parte 1)

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ha definido como características deseables de un sistema tributario i) la sencillez de administrarlo; ii) la justicia, al tratar diferente a los diversos agentes económicos; iii) la eficiencia, al generar la menor distorsión posible en el aparato productivo;  iv) la flexibilidad, entendida como la capacidad de ajustar el sistema a los vaivenes del entorno; y v) la responsabilidad política, para que los ciudadanos sepan qué están pagando.

Mirar el sistema tributario colombiano a la luz de estos principios rectores deja de manifiesto que mientras los sigamos soslayando siempre será vigente hablar de una reforma tributaria. Y ojo, una reforma tributaria no necesariamente implica aumentar los impuestos. Podríamos aprovechar la crisis fiscal que se agravó por la pandemia para corregir lo que hace rato sabemos está mal, alivianar el peso tributario de muchos contribuyentes y aumentar los ingresos del fisco nacional.

Primero, los tributos en Colombia encierran una verdadera maraña de complejidades. A nivel nacional, los más representativos son el impuesto de renta y el IVA  -44% y 42% del recaudo total nacional, respectivamente-. Ambos están llenos de exenciones y distintos tramos tarifarios, lo que dificulta a la DIAN su administración, pero facilita a contribuyentes inescrupulosos la evasión. Cálculos propios con información de la DIAN y del BID indicarían que la evasión, para el caso colombiano, podría superar los $27 billones por año.

Segundo, para nadie es un secreto la desigualdad que existe en nuestro país. Lo peor de todo es que la política fiscal en nada resuelve la situación. Esta debería ser útil para gravar con equidad (más a los que tienen más y menos a los que tienen menos); recaudar más -apenas conseguimos en tributos el 14% de toda la economía, muy inferior a nuestos pares-; y entregarles buenos servicios a los más necesitados, de tal suerte que la acción del Estado mejore su calidad de vida. Sin embargo, datos de la OCDE confirman que la medición de desigualdad por GINI prácticamente no cambia después de impuestos y transferencias para Colombia (0,57: va de 0 a 1; mientras más se acerque a 1, más concentrado está el ingreso).

Tercero,  es claro, a lo largo y ancho del país, cómo esta situación tributaria no permite una eficiente asignación de los recursos. Para esto solo centrémonos en la distorsión tan dañina que generan los parafiscales -contribuciones a la nómina- en el mercado laboral, ocasionando una informalidad que bordea el 50%. Esto, al encarecer la contratación formal del trabajador en un 52,9%, según Eduardo Lora, reconocido economista colombiano.

Cuarto, lejos de la recomendación teórica, los tributos del gobierno nacional no “estabilizan automáticamente” nuestra economía, ni en los auges ni en las recesiones. En estos últimos casos el gobierno casi siempre ha hecho uso de mecanismos extraordinarios, tanto de impuestos como de gastos, para que la economía retorne a su senda de crecimiento, o para evitar sencillamente que esta se vuelva más pequeña.

Finalmente, no solo por lo desquiciado que es nuestro sistema tributario, sino tambien por la forma tan equivocada en que elegimos a concejales, diputados y congresistas (sistema proporcional), los contribuyentes poca certeza tenemos de lo que pagamos y de la forma en que se gastan los ingresos en los distintos niveles de gobierno. Salvo contadas excepciones, quienes hoy están en el Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, representan a todos los habitantes de sus grandes cirucunscripciones y a nadie a la vez. Los politólogos han dicho que esto rompe el “eslabonamiento político” que debe existir entre representantes y representados. Yo agregaría que además dificulta el apego a una de las más importantes máximas de las democracias liberales: “No a la tributación sin representación”.

@AndresJRendonC

Político por vocación

Desde joven he creído en el papel transformador de la política. A los 17 años descubrí que era a eso a lo que me dedicaría y aquí estoy. No ha sido fácil. He perdido la mitad de las elecciones a las que me he presentado y muchas veces sentí desfallecer. Como dijo Ignatieff, un ex político canadiense que vio de cerca el dolor de perder: La derrota trae lucidez y también liberación. Recuperas la libertad cuando menos te lo esperas. La reacción más sorprendente al fracaso es el alivio.  En esto, también fue inspirador leer sobre el espíritu de lucha que siempre mantuvieron en la derrota Lincoln, Obama, Belisario, entre otros.

También mantuvo viva mi esperanza lo que escogí por profesión, la economía, y las oportunidades laborales en el servicio público: Concejo de Rionegro, ministerios de Hacienda y Agricultura; y la Gobernación de Antioquia. Finalmente, llegó la más honrosa posición de servicio que podría ostentar un político por vocación: ser Alcalde de su pueblo, de su amada ciudad. Tuve ese privilegio entre 2016 y 2019, el cual siempre le agradeceré a Dios, a la vida, a los ciudadanos y a mi familia. No exento de errores, desde allí vi transformar la vida de muchos rionegreros y al territorio mismo.

Estamos vivos y hoy las ilusiones son otras:  superar la contingencia en que nos tiene sumidos esta pandemia y tener gobiernos e instituciones fuertes para enfrentar los urgentes problemas de salud pública y abocar los enormes desafíos sociales y económicos que arrastra el país. Esto  sumado a los que nos dejará el COVID-19 y a que la corrupción no se asome porque es más letal que el virus.

En los últimos 20 años Colombia redujo a la mitad su pobreza, logro que infortunadamente puede esfumarse este año de no actuar acertadamente. Evitar que así sea pasa por derrotar/contener rápido el virus y por los instrumentos que para esto utilicemos. Necesitamos políticos y servidores públicos comprometidos. Sé que para los colombianos es duro confiar: el 80% cree que quienes estamos en la política solo nos servimos a nosotros mismos o a quienes nos rodean. Revertir esto dependerá del ejemplo que en el pasado hubiésemos irradiado y de lo excepcional que podamos hacer de aquí en adelante.

Quienes estamos en la política por convicción y vocación, para servir y no para servirnos, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los colombianos nos crean; ejercer un liderazgo pulcro, propositivo, con empatía y con conocimiento. Ese es mi compromiso, amo ser político. Lo haré así, defenderé para Antioquia y Colombia la #innovaciónsocial, el #crecimientoeconómicoverde y el renacer de la confianza y la #culturaciudadana.

Andrés Julián Rendón Cardona