Colombia necesita un(a) alcalde(sa)

La posición de servicio más bonita que existe en la estructura del Estado colombiano son las alcaldías. Un(a) alcalde(sa) puede revertir el famoso adagio de “no se es profeta en su tierra”. Un mandatario local puede llegar a serlo. Le bastan claridad de propósito, honestidad y trabajo riguroso para cambiarle la vida a su gente y transformar el territorio.

Esto último lo han entendido con mucha inteligencia los ciudadanos. Las cifras locales de participación electoral son superiores a las de la presidencia: 64,15 por ciento versus 48,10 por ciento, respectivamente.

Es común que en las distintas municipalidades del país, en especial en las pequeñas ciudades y en las localidades remotas, los ciudadanos sepan si el alcalde trabaja o no desde el despacho, a qué horas llega, cuándo sale, a qué horas almuerza, dónde vive él y su familia más próxima. Es una cercanía que no se tiene con un diputado, congresista, gobernador y menos con un presidente, a excepción de Uribe que dialogó intensamente con los ciudadanos en sus dos mandatos.

Aunque la Constitución Política de 1991 definió a Colombia como una república unitaria, pero descentralizada, lo que deliberadamente se adoptó fue la descentralización de algunas tareas administrativas muy caras para los electores, pero con la centralización del poder político. La burocracia del Gobierno nacional central es enorme, costosa, distante y muestra pocos resultados sobre los asuntos más relevantes para los colombianos. Son muchas las entidades nacionales (SENA, ICBF, Invías, entre otras) que hace rato debieron salir de la nación y pasar a ser del resorte departamental.

A esta abrumadora centralización, para agravar las cosas, hay que sumarle la forma cómo elegimos a los miembros del Congreso, quienes no proceden de jurisdicciones electorales definidas con rigor y, en consecuencia, representan a “todos y a nadie a la vez”.

Los alcaldes quedaron como los políticos cercanos con verdadera capacidad de resolver toda clase de problemas a los ciudadanos, y los demás como los políticos profesionales con poca capacidad de cumplir las exigencias de los electores. Los alcaldes tienen a diario demandas por temas de seguridad, educación, salud, vivienda, servicios públicos, transporte, asistencia técnica agropecuaria, medioambiente, empleo, deporte, cultura, ordenamiento territorial, entre otros. Los demás políticos quedan un poco al margen de estas tareas o lo que es peor, los ciudadanos poco se enteran de lo que hacen en favor o en contra de ellas.

No todo es color de rosa con las alcaldías. Hay muchos municipios en Colombia con poca o nula capacidad resolutiva, lo que denota una de las muchas falencias que tiene nuestra arquitectura institucional. Esto no evita, sin embargo, las constantes reclamaciones ciudadanas a los mandatarios de los 1.101 despachos del país. El 90 por ciento de los municipios colombianos apenas tiene recursos para funcionar. Las verdaderas posibilidades de inversión sólo se dan en las regiones de Colombia cuando los departamentos o la nación concurren, una vez cada cuarto de siglo, con algún proyecto importante.

¿Ćómo cambiar esto? Primero, es clave tener a la cabeza del Gobierno nacional y los seccionales a un presidente y gobernadores que dialoguen con las regiones. Sólo así se puede ayudar a los alcaldes(as) del país a honrar sus múltiples obligaciones. La luna de miel de Uribe con el pueblo colombiano se dio porque los ciudadanos lo veían como uno de los suyos, porque resolvía como el mejor alcalde que podían tener.

Segundo, urge pensar en “provincializar” muchas alcaldías. Con fundamento en el caso antioqueño sería determinante tener 7,8 grandes provincias con verdadera capacidad de inversión, y no 115 municipios con poca o nula maniobra para mejorar la vida de sus asociados. El Urabá antioqueño, por ejemplo, sería una provincia con más de 600.000 habitantes, con un presupuesto de inversión superior al billón de pesos, y con un alcalde y un concejo provincial. Los municipios existentes serían alcaldías menores, con mandatarios locales elegidos como en Bogotá y con cuerpos colegiados conformados por ediles.

En tercer término, es importante cambiar la forma cómo elegimos a los miembros del Congreso, asambleas y concejos. Ojalá se implementara un sistema electoral mixto, donde al menos el 60 por ciento de los miembros de estas entidades se eligiera por mayorías y el 40 por ciento por el sistema proporcional. Elegir por mayorías implica constituir distritos electorales. Así los ciudadanos sabrían quiénes hablan por ellos y los representantes tendrían claridad de dónde y con quiénes están sus obligaciones. Como dicen los politólogos: se fortalecería el “eslabonamiento político”.

Colombia necesita con urgencia un Alcalde(sa) porque necesitamos un servidor público cercano que nos escuche, que resuelva, que se vea trabajar. O alguien a quien reclamarle, como me dijo un ciudadano cuando le pedí el voto por un candidato al Congreso que había sido alcalde de mi ciudad: “llevo 15 años votando por él, y lo vuelvo a hacer porque al menos lo ve uno por aquí, así sea para insultarlo”.

Foto: Karen Salamanca – Semana

 

Una mirada real al estado de los proyectos 4G para Antioquia

De las vías siempre se ha dicho que significan competitividad, empujan el desarrollo, la conectividad, nos acercan y en especial mejoran la calidad de vida de las personas porque les permite satisfacer necesidades, acceder a servicios. Unas buenas vías traen economía para los transportadores y viajeros, incentivan el turismo y nos acercan al siglo XXI.

Antioquia  cuenta con más de 28 mil kilómetros de vías, que están representadas así:  1.378 kilómetros en troncales, transversales y accesos a capitales; en vías secundarias son 4.800 km, que unen las cabeceras municipales; y los 22 mil restantes kilómetros corresponden a vías terciarias, que unen las cabeceras municipales con sus veredas o comunican veredas entre sí.

En los últimos años la figura de las 4G y las denominadas autopistas de la montaña nos llenaron de ilusión y nos hicieron pensar que la conexión de Antioquia con el mar estaba cerca y que las vías de última generación nos llevarían a dar un salto enorme en  competitividad y desarrollo.  ¿Cómo vamos? En esta columna hago una mirada al panorama en el departamento, el avance y el estado de los proyectos.

El panorama

En Antioquia, en etapa de construcción, tenemos las siguientes autopistas 4G: Mar I en las subregiones del Valle de Aburrá, Occidente y Suroeste; Mar II en las subregiones de Occidente y Urabá; Pacífico I en las subregiones del Valle de Aburrá y Suroeste; Pacífico II en las subregiones del Valle de Aburrá y Suroeste; Pacífico III en la subregión del Suroeste; Conexión Norte en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste; Magdalena II en las subregiones del Nordeste y Magdalena Medio. También tenemos concesiones de primera generación como la de Devimed, en el Valle de Aburrá y Oriente antioqueño con la ANI; y Aburrá- Oriente, con el departamento de Antioquia, en las subregiones de Valle de Aburrá y Oriente. Finalmente, una alianza pública privada (APP) de iniciativa privada (IP) en Valle de Aburrá y Nordeste denominada IP Vías del Nus; y la recién adjudicada IP para construir la Doble Calzada a Oriente (DCO).

Algunas de estas megaobras deben, según información de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, ser entregadas este 2021 de acuerdo con sus plazos contractuales. Sin embargo, y mirando la situación actual del desarrollo físico de los proyectos, esto no será posible en la mayoría de los casos. Ni con un milagro alcanzarán a entrar en la etapa de operación como era el compromiso.

De todas estas obras, al parecer, la única que cumplirá será la Autopista Conexión Pacífico II que fue presupuestada en 1,3 billones de pesos del 2012, con una longitud de 96,5 km y que al momento tiene un avance total de ejecución de 97 %.

De sus cinco unidades funcionales cuatro están a menos de 2% para terminar, excepto la unidad funcional cuatro, túnel de Mulatos – Bolombolo, que está en el 89 % de ejecución respecto al 98% de lo planeado. Esta importante y moderna carretera que cubre los tramos de Bolombolo – La Pintada en doble calzada y La Pintada – Primavera en el municipio de Caldas, en tareas de rehabilitación y mantenimiento, se convertirá en el primer paso para que Medellín se acerque al puerto más importante de transferencia de carga de importaciones y exportaciones de Colombia, el puerto de Buenaventura en el Pacífico. Asimismo, a las regiones del Eje Cafetero y del suroccidente de Colombia.

Este año, según la ANI, deben entrar en operación Autopista al Mar I, Autopista al Mar II y Autopista Conexión Pacífico III. Esta última debió entrar en operación desde octubre de 2020, con el infortunio que lleva una ejecución total del 84 % y con un agravante adicional para Antioquia y es que el tramo La Pintada – Puente Arquía solo va en el 40% de ejecución real.

Con respecto a la Autopista al Mar I, se tiene un panorama medianamente esperanzador por los datos actuales. Esta vía fue presupuestada en COP 2,24 billones de 2012, con una longitud de 181 km. En la actualidad la ejecución de obra está por encima de lo planeado, aunque al día de hoy según la ANI, y con el 80 % de ejecución, no parece que entre en operación en diciembre de este año como está establecido en los informes de plazos de la entidad. En cuanto la construcción de la segunda calzada, de un total de 38 km, están listos 13 km y la implementación de los sistemas electromecánicos. Sobre la ventilación del túnel Fernando Gómez Martínez no hay información de la ANI. En este proyecto es importante anotar el mal estado de la carretera actual río Cauca – Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas;  su rehabilitación y mantenimiento también están a cargo de la concesión.

El caso de Autopistas al Mar II, no es tan alentador. Este proyecto fue presupuestado en COP2,6 billones de 2012 y una longitud a intervenir de 254 km. A la fecha tiene una ejecución total de 36 % frente al 90 % que debería estar.  El atraso es el común denominador salvo en el tramo Mutatá – El Tigre que está en muy buenas condiciones, con 92 % de ejecución real del 100 % de la ejecución planeada. Mientas sobre El Tigre – Necoclí  no hay información de la ANI en su página.

La unidad funcional Cañasgordas – Uramita está con ejecución real de 40 %, del 74 % que debería tener.  En el tramo Uramita – Dabeiba, la denominada variante de Fuemia, se encuentra en 32% de ejecución cuando debería estar terminado. La unidad funcional túnel de Fuemia presenta un 8% de ejecución real mientras que la planeada era del 100 % y Dabeiba – Mutatá está en 24%.  Así las cosas será imposible para esta concesión cumplir este año.

Hay que tener la lupa en estos proyectos para hacerles veeduría ciudadanía; es un compromiso de los privados y del sector público. Los retrasos se traducen en más años de bajo crecimiento económico que redunda en no elevar la calidad de vida de los colombianos. Las pérdidas operacionales, los efectos adversos al medio ambiente también pesan, aún más, con una pandemia respirándonos en la nuca.

 

Andres Julián Rendón Cardona

Economista y político

Exalcalde de Rionegro, Antioquia 

¡Referendo Ya!

Aunque muchos han querido señalar al Centro Democrático de tramar una retaliación con la propuesta de la constituyente por la infame decisión de la CSJ contra el Presidente Uribe, la verdad es que ni los últimos gobiernos ni congresos han podido adelantar las reformas que en lo político, electoral, territorial y sobre la justicia requiere el país.

Los ciudadanos tenemos derecho a buscar otras alternativas para tramitar estas iniciativas, así sea por un camino más demorado y tortuoso como es el de un referendo.

Aunque son varios los temas que un mecanismo como este  debería tratar, enumero en esta ocasión unos cuantos institucionales y económicos. Finalmente, las primeras moldean la política y ésta a su vez, como lo sugieren Robinson y Acemoglu, determina lo económico.

En primer lugar, se requiere una reforma a la justicia que la acerque al ciudadano; elimine sus facultades electorales que la han sumido en la más profunda corrupción; se pase de 4 altos tribunales -constitucional, supremo, de estado y superior de la judicatura- con decenas de magistrados a una sola corte que de verdad sea suprema y no tenga más de 9 togados vitalicios, y se les exija a ellos y a la Fiscalía una estricta rendición de cuentas. También, será útil impedir la puerta giratoria hacia la política o el sector privado. Una de las cosas que más daño ha hecho a la judicatura es verla llena de políticos frustrados sin votos, que llegan a liquidar a sus adversarios con la cárcel por haber sido incapaces de lograrlo en las urnas.

Igualmente, se requiere una reforma política que le dé el gusto a los colombianos de contar en esta actividad con más líderes comprometidos con el bien común y menos políticos negociantes de intereses particulares. Para esto, en mi criterio, será necesario implementar un régimen semiparlamentario, un Congreso Unicameral; así como modificar el actual esquema de descentralización.

Es importante destacar que la evidencia empírica internacional, al estudiar cuál régimen favorece más el desarrollo, ha encontrado que los sistemas de gobierno parlamentarios o semiparlamentarios, por ser más democráticos, facilitan más que los presidencialistas la consecución de bienestar.

En Colombia, la crítica a un cambio de régimen ha estado asociada a la debilidad de los partidos políticos. Sin embargo, como en su momento lo afirmara el Ex Presidente Alfonso López Michelsen, esta es la discusión del huevo y la gallina. Es probable que sea precisamente un régimen semiparlamentario lo que requiera la democracia colombiana para tener partidos fuertes.

La implementación de un régimen semiparlamentario debería asociarse con un Congreso Unicameral. El esquema bicameral colombiano no hace ningún sentido. Tanto Cámara como Senado tienen las mismas funciones y sólo difieren en número y en el origen de su elección. También comparten el mal ejercicio de representación que hacen de los electores, pues en sus circunscripciones, representan a todos y a nadie a la vez. Esto último obliga a pensar, además, en la forma en que elegimos a los miembros de las corporaciones públicas. Será útil transitar hacia una forma de elección mixta, que combine el actual sistema proporcional con uno de mayorías. Así, buena parte de los miembros del Congreso, las Asambleas y los Concejos representarían a un número específico de ciudadanos, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia.

De otro lado, es preciso que estas reformas lleguen también a los demás niveles de gobierno, departamentos y municipios. Los gobiernos en unos y otros deberían conformarse fruto de las mayorías logradas en las respectivas corporaciones públicas. Éstas, a su vez, habrían de ser elegidas bajo la modalidad mixta, fortaleciendo el papel de la representación y la rendición de cuentas. Por su puesto, será igualmente útil revisar el esquema de competencias en función de las economías de escala de los bienes y servicios públicos a ofrecer. Por ejemplo, los temas de policía, espacio público y convivencia ciudadana deberían quedar en mano de unidades territoriales pequeñas. Los asuntos de transporte público, educación, vivienda, salud, entre otros, en manos de unidades territoriales más pobladas.

Donde no se implemente el catastro multipropósito, será importante revisar la competencia local de manejar el impuesto predial. Este tributo no sólo debe servir para darles más autonomía fiscal a los municipios, sino para dinamizar el mercado de tierras rurales (vía venta o arrendamiento), gravando la propiedad con tarifas que premien la utilización de la tierra en línea con la vocación de uso del suelo. Mucho se haría en materia de distribución del ingreso procurando un mejor uso del impuesto a la propiedad en Colombia. En Estados Unidos y Canadá se logró no sólo una mejor utilización de la tierra rural; posibilitó, a finales del siglo XIX, que estos países alcanzaran altas tasas de cobertura en su educación básica.

Por último, es necesario acabar con la contralorías territoriales, verdaderas oficias de extorsión.

Todo esto, además, liberaría gran cantidad de recursos para aliviar la difícil situación social que nos dejará la pandemia y para promover el emprendimiento y la innovación.

Para llevar estos cambios es necesario un Referendo Ya.

@AndresJRendonC

Urgente: una reforma tributaria para reducir los impuestos (parte 1)

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ha definido como características deseables de un sistema tributario i) la sencillez de administrarlo; ii) la justicia, al tratar diferente a los diversos agentes económicos; iii) la eficiencia, al generar la menor distorsión posible en el aparato productivo;  iv) la flexibilidad, entendida como la capacidad de ajustar el sistema a los vaivenes del entorno; y v) la responsabilidad política, para que los ciudadanos sepan qué están pagando.

Mirar el sistema tributario colombiano a la luz de estos principios rectores deja de manifiesto que mientras los sigamos soslayando siempre será vigente hablar de una reforma tributaria. Y ojo, una reforma tributaria no necesariamente implica aumentar los impuestos. Podríamos aprovechar la crisis fiscal que se agravó por la pandemia para corregir lo que hace rato sabemos está mal, alivianar el peso tributario de muchos contribuyentes y aumentar los ingresos del fisco nacional.

Primero, los tributos en Colombia encierran una verdadera maraña de complejidades. A nivel nacional, los más representativos son el impuesto de renta y el IVA  -44% y 42% del recaudo total nacional, respectivamente-. Ambos están llenos de exenciones y distintos tramos tarifarios, lo que dificulta a la DIAN su administración, pero facilita a contribuyentes inescrupulosos la evasión. Cálculos propios con información de la DIAN y del BID indicarían que la evasión, para el caso colombiano, podría superar los $27 billones por año.

Segundo, para nadie es un secreto la desigualdad que existe en nuestro país. Lo peor de todo es que la política fiscal en nada resuelve la situación. Esta debería ser útil para gravar con equidad (más a los que tienen más y menos a los que tienen menos); recaudar más -apenas conseguimos en tributos el 14% de toda la economía, muy inferior a nuestos pares-; y entregarles buenos servicios a los más necesitados, de tal suerte que la acción del Estado mejore su calidad de vida. Sin embargo, datos de la OCDE confirman que la medición de desigualdad por GINI prácticamente no cambia después de impuestos y transferencias para Colombia (0,57: va de 0 a 1; mientras más se acerque a 1, más concentrado está el ingreso).

Tercero,  es claro, a lo largo y ancho del país, cómo esta situación tributaria no permite una eficiente asignación de los recursos. Para esto solo centrémonos en la distorsión tan dañina que generan los parafiscales -contribuciones a la nómina- en el mercado laboral, ocasionando una informalidad que bordea el 50%. Esto, al encarecer la contratación formal del trabajador en un 52,9%, según Eduardo Lora, reconocido economista colombiano.

Cuarto, lejos de la recomendación teórica, los tributos del gobierno nacional no “estabilizan automáticamente” nuestra economía, ni en los auges ni en las recesiones. En estos últimos casos el gobierno casi siempre ha hecho uso de mecanismos extraordinarios, tanto de impuestos como de gastos, para que la economía retorne a su senda de crecimiento, o para evitar sencillamente que esta se vuelva más pequeña.

Finalmente, no solo por lo desquiciado que es nuestro sistema tributario, sino tambien por la forma tan equivocada en que elegimos a concejales, diputados y congresistas (sistema proporcional), los contribuyentes poca certeza tenemos de lo que pagamos y de la forma en que se gastan los ingresos en los distintos niveles de gobierno. Salvo contadas excepciones, quienes hoy están en el Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, representan a todos los habitantes de sus grandes cirucunscripciones y a nadie a la vez. Los politólogos han dicho que esto rompe el “eslabonamiento político” que debe existir entre representantes y representados. Yo agregaría que además dificulta el apego a una de las más importantes máximas de las democracias liberales: “No a la tributación sin representación”.

@AndresJRendonC

Político por vocación

Desde joven he creído en el papel transformador de la política. A los 17 años descubrí que era a eso a lo que me dedicaría y aquí estoy. No ha sido fácil. He perdido la mitad de las elecciones a las que me he presentado y muchas veces sentí desfallecer. Como dijo Ignatieff, un ex político canadiense que vio de cerca el dolor de perder: La derrota trae lucidez y también liberación. Recuperas la libertad cuando menos te lo esperas. La reacción más sorprendente al fracaso es el alivio.  En esto, también fue inspirador leer sobre el espíritu de lucha que siempre mantuvieron en la derrota Lincoln, Obama, Belisario, entre otros.

También mantuvo viva mi esperanza lo que escogí por profesión, la economía, y las oportunidades laborales en el servicio público: Concejo de Rionegro, ministerios de Hacienda y Agricultura; y la Gobernación de Antioquia. Finalmente, llegó la más honrosa posición de servicio que podría ostentar un político por vocación: ser Alcalde de su pueblo, de su amada ciudad. Tuve ese privilegio entre 2016 y 2019, el cual siempre le agradeceré a Dios, a la vida, a los ciudadanos y a mi familia. No exento de errores, desde allí vi transformar la vida de muchos rionegreros y al territorio mismo.

Estamos vivos y hoy las ilusiones son otras:  superar la contingencia en que nos tiene sumidos esta pandemia y tener gobiernos e instituciones fuertes para enfrentar los urgentes problemas de salud pública y abocar los enormes desafíos sociales y económicos que arrastra el país. Esto  sumado a los que nos dejará el COVID-19 y a que la corrupción no se asome porque es más letal que el virus.

En los últimos 20 años Colombia redujo a la mitad su pobreza, logro que infortunadamente puede esfumarse este año de no actuar acertadamente. Evitar que así sea pasa por derrotar/contener rápido el virus y por los instrumentos que para esto utilicemos. Necesitamos políticos y servidores públicos comprometidos. Sé que para los colombianos es duro confiar: el 80% cree que quienes estamos en la política solo nos servimos a nosotros mismos o a quienes nos rodean. Revertir esto dependerá del ejemplo que en el pasado hubiésemos irradiado y de lo excepcional que podamos hacer de aquí en adelante.

Quienes estamos en la política por convicción y vocación, para servir y no para servirnos, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los colombianos nos crean; ejercer un liderazgo pulcro, propositivo, con empatía y con conocimiento. Ese es mi compromiso, amo ser político. Lo haré así, defenderé para Antioquia y Colombia la #innovaciónsocial, el #crecimientoeconómicoverde y el renacer de la confianza y la #culturaciudadana.

Andrés Julián Rendón Cardona