Inseguridad, la pandemia de siempre (1)

Uno de los asuntos públicos que más ha agobiado a los colombianos es la violencia. Ha estado por lustros entre las demandas más importantes de los ciudadanos a las autoridades y en la agenda del debate académico y político. Aunque el problema no ha desaparecido, sí que se ha transformado tanto en la forma de abordarlo a lo largo de los años por los gobiernos, como en sus manifestaciones.

En cuanto a la forma, por fortuna se ha evaporado el discurso “de las causas objetivas de la violencia”; ese que durante décadas nos vendió la idea de ser un país inseguro por nuestra pobreza y desigualdad. Esa tesis justificó la insurgencia -aunque el trabajo académico de muchos la desbarató- y, en consecuencia, la idea contemporizadora con el crimen de muchos presidentes.

Desenmascarar este discurso llegó, primero, porque la evidencia empírica demostró cómo en el mundo ha habido países más pobres y desiguales que Colombia, pero sin la violencia que hemos tenido que sufrir en nuestro país. Segundo, porque gracias a una de las voces intelectuales más importantes en esta materia, Paul Collier, nos quedó claro que los “rebeldes” solo han actuado aquí, y en el mundo entero, como un grupo de delincuencia organizada detrás de la captura de rentas criminales; en el caso colombiano, el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión, entre otros.

En cuanto a las manifestaciones, hemos tenido de todo y en distintas categorías: i) insurgencia y contrainsurgencia narcoterrorista; ii) narcotráfico puro y duro; iii) delincuencia común; y iv) la violencia que toma lugar dentro de los hogares. Los dos primeros, que pusieron a tambalear la existencia misma del Estado colombiano, han sido expresiones típicas de la problemática de orden público; los dos últimos, de inseguridad ciudadana.

La Seguridad Democrática del Presidente Uribe puso a raya, con gran éxito, la violencia instrumental; es decir aquella que persigue, así sea disfrazada de un discurso político, la captura de una renta económica. Atrás habían quedado los grandes desafíos que guerrilla, paramilitares y narcotráfico le imponían al Estado. Por su parte, la operatividad de la Fuerza Pública, más que la misma justicia, le hizo en esta época muy costoso el accionar a la delincuencia organizada.

Todo iba bien hasta que llegó la vanidad y el ánimo contemporizador de Juan Manuel Santos, quien con su proceso de paz volvió a mandar el mensaje que se vale secuestrar, extorsionar, matar y traquetear siempre que se disfrace de rebeldía ese quehacer criminal; al fin de cuentas, siempre habrá un gobernante ávido de premios con capacidad de establecer indultos. A favor del crimen organizado de distinto pelambre también jugó la incapacidad de la justicia para defender a los ciudadanos y a la institucionalidad.

El proceso de paz con las Farc hizo pensar a muchos que acababan los problemas de orden público y comenzó a visualizar más los propios de seguridad ciudadana y violencia impulsiva, como la doméstica y sexual. Pero, la incapacidad para controlar nuestro vasto, extenso y rico territorio, ha puesto de manifiesto que la retaguardia de las Farc, el Eln y las Bacrim siguen teniendo cómo desafiarnos y amedrentarnos.

Mientras tanto, ni con el COVID-19 ha desaparecido la inseguridad de los grandes centros poblados y ha arreciado tristemente la que está acabando con la vida de mujeres y niños. Son las miles de víctimas la evidencia de que el asunto público que nos ha agobiado por muchos años, es la verdadera pandemia en Colombia, esa misma que no hemos podido extinguir.

@AndresJRendonC

Foto: AFP