Un Estado que nos proteja

En dos de mis recientes lecturas los autores han puesto de manifiesto la debilidad del Estado Colombiano. De un lado, Daron Acemoglu y James Robinson, en El pasillo estrecho, hablan del “leviatán de papel” y ponen de manifiesto esta situación con la tardanza -que ya supera un siglo- para construir una carretera digna a Mocoa. En contraste, citan al historiador francés Eugen Weber, quien le atribuye a “carreteras, carreteras y aún más carreteras” un papel crucial en la construcción de comunidad para Francia.

De otro lado, Rudolf Hommes, en Así lo recuerdo, afirma que “en Colombia el Estado no existe como en otras partes, donde protege a la ciudadanía, provee servicios y ejerce control en todo el territorio. Algunos destacados académicos han estimado que no opera sino marginalmente como Estado y solamente existe en las leyes, la Constitución y el imaginario colectivo”.

De tiempo atrás me ha costado trabajo entender cómo hemos soslayado la importancia de monopolizar el control territorial del país en todos sus rincones. Una nación de semejante riqueza -donde la coca, una maleza, arroja cuando menos cuatro cosechas por año; pala enterrada en un río sale con oro; y pica que toque una montaña obtiene material útil en la construcción, para no hablar de la madera- tendrá siempre grupos armados ilegales de distinto pelambre dispuestos a capturar las rentas que la explotación de los recursos naturales dejan.

Estos grupos han terminado por controlar vastas extensiones del territorio colombiano, unas veces posando de rebeldes, otras de contrainsurgentes. También les han arrebatado a las autoridades democráticamente constituidas el ejercicio de la tributación, la justicia y la fuerza. Cobran “gramaje”, extorsionan, dirimen conflictos y, cuando han consolidado su presencia, hasta presumen de “proteger” a los pobladores de intrusos. Por supuesto, levantan cruentas barreras de entrada para quienes se atrevan a competirles por las rentas que tienen aseguradas.

Antioquia, que no es precisamente un departamento de la periferia colombiana, constituye un claro ejemplo de lo mucho que debe hacer para conectar a sus ciudadanos y para protegerlos en cualquier sitio. Cuenta con cerca de 28 mil kilómetros de vías, de los cuales más de 26.000 se encuentran en un estado lamentable; y tiene 292 corregimientos -albergando muchos poblaciones más grandes que otros municipios-, pero donde la presencia policial está en apenas 60 de ellos.

El Estado Colombiano debe consolidarse en toda su dimensión para cuidarnos, superar la pandemia y crecer de nuevo. Un buen comienzo, que no demandaría más que un acto administrativo del Presidente y su Ministro de Defensa, sería pasar no menos de 150.000 militares, con mandos de oficiales y suboficiales, a la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional; y 20.000 a robustecer las tareas de investigación judicial. Previamente deben tener un entrenamiento intensivo de máximo seis meses en las competencias policiales por excelencia, investigación criminal y derechos humanos.

Una Dirección de Carabineros así vigorizada haría control territorial en los sitios más lejanos del país -después de ser recuperados por las FFMM-; combatiría el narco/micro tráfico y la minería ilegal; y sería el mejor aliado de nuestros campesinos para consolidar los demás servicios estatales como la justicia, la salud y la educación. Una Dirección Judicial fortalecida debe desmantelar, vía judicialización, las amenazas que se imponen permanentemente sobre la Colombia profunda y sus habitantes, también nuestros compatriotas.

*@AndresJRendonC

Foto: Policía

Colombia necesita un(a) alcalde(sa)

La posición de servicio más bonita que existe en la estructura del Estado colombiano son las alcaldías. Un(a) alcalde(sa) puede revertir el famoso adagio de “no se es profeta en su tierra”. Un mandatario local puede llegar a serlo. Le bastan claridad de propósito, honestidad y trabajo riguroso para cambiarle la vida a su gente y transformar el territorio.

Esto último lo han entendido con mucha inteligencia los ciudadanos. Las cifras locales de participación electoral son superiores a las de la presidencia: 64,15 por ciento versus 48,10 por ciento, respectivamente.

Es común que en las distintas municipalidades del país, en especial en las pequeñas ciudades y en las localidades remotas, los ciudadanos sepan si el alcalde trabaja o no desde el despacho, a qué horas llega, cuándo sale, a qué horas almuerza, dónde vive él y su familia más próxima. Es una cercanía que no se tiene con un diputado, congresista, gobernador y menos con un presidente, a excepción de Uribe que dialogó intensamente con los ciudadanos en sus dos mandatos.

Aunque la Constitución Política de 1991 definió a Colombia como una república unitaria, pero descentralizada, lo que deliberadamente se adoptó fue la descentralización de algunas tareas administrativas muy caras para los electores, pero con la centralización del poder político. La burocracia del Gobierno nacional central es enorme, costosa, distante y muestra pocos resultados sobre los asuntos más relevantes para los colombianos. Son muchas las entidades nacionales (SENA, ICBF, Invías, entre otras) que hace rato debieron salir de la nación y pasar a ser del resorte departamental.

A esta abrumadora centralización, para agravar las cosas, hay que sumarle la forma cómo elegimos a los miembros del Congreso, quienes no proceden de jurisdicciones electorales definidas con rigor y, en consecuencia, representan a “todos y a nadie a la vez”.

Los alcaldes quedaron como los políticos cercanos con verdadera capacidad de resolver toda clase de problemas a los ciudadanos, y los demás como los políticos profesionales con poca capacidad de cumplir las exigencias de los electores. Los alcaldes tienen a diario demandas por temas de seguridad, educación, salud, vivienda, servicios públicos, transporte, asistencia técnica agropecuaria, medioambiente, empleo, deporte, cultura, ordenamiento territorial, entre otros. Los demás políticos quedan un poco al margen de estas tareas o lo que es peor, los ciudadanos poco se enteran de lo que hacen en favor o en contra de ellas.

No todo es color de rosa con las alcaldías. Hay muchos municipios en Colombia con poca o nula capacidad resolutiva, lo que denota una de las muchas falencias que tiene nuestra arquitectura institucional. Esto no evita, sin embargo, las constantes reclamaciones ciudadanas a los mandatarios de los 1.101 despachos del país. El 90 por ciento de los municipios colombianos apenas tiene recursos para funcionar. Las verdaderas posibilidades de inversión sólo se dan en las regiones de Colombia cuando los departamentos o la nación concurren, una vez cada cuarto de siglo, con algún proyecto importante.

¿Ćómo cambiar esto? Primero, es clave tener a la cabeza del Gobierno nacional y los seccionales a un presidente y gobernadores que dialoguen con las regiones. Sólo así se puede ayudar a los alcaldes(as) del país a honrar sus múltiples obligaciones. La luna de miel de Uribe con el pueblo colombiano se dio porque los ciudadanos lo veían como uno de los suyos, porque resolvía como el mejor alcalde que podían tener.

Segundo, urge pensar en “provincializar” muchas alcaldías. Con fundamento en el caso antioqueño sería determinante tener 7,8 grandes provincias con verdadera capacidad de inversión, y no 115 municipios con poca o nula maniobra para mejorar la vida de sus asociados. El Urabá antioqueño, por ejemplo, sería una provincia con más de 600.000 habitantes, con un presupuesto de inversión superior al billón de pesos, y con un alcalde y un concejo provincial. Los municipios existentes serían alcaldías menores, con mandatarios locales elegidos como en Bogotá y con cuerpos colegiados conformados por ediles.

En tercer término, es importante cambiar la forma cómo elegimos a los miembros del Congreso, asambleas y concejos. Ojalá se implementara un sistema electoral mixto, donde al menos el 60 por ciento de los miembros de estas entidades se eligiera por mayorías y el 40 por ciento por el sistema proporcional. Elegir por mayorías implica constituir distritos electorales. Así los ciudadanos sabrían quiénes hablan por ellos y los representantes tendrían claridad de dónde y con quiénes están sus obligaciones. Como dicen los politólogos: se fortalecería el “eslabonamiento político”.

Colombia necesita con urgencia un Alcalde(sa) porque necesitamos un servidor público cercano que nos escuche, que resuelva, que se vea trabajar. O alguien a quien reclamarle, como me dijo un ciudadano cuando le pedí el voto por un candidato al Congreso que había sido alcalde de mi ciudad: “llevo 15 años votando por él, y lo vuelvo a hacer porque al menos lo ve uno por aquí, así sea para insultarlo”.

Foto: Karen Salamanca – Semana

 

Inseguridad, la pandemia de siempre (2)

En la pasada columna hice un recuento de lo que ha acontecido a lo largo de los años en Colombia en materia de orden público y seguridad ciudadana. Dije que el discurso de las “causas objetivas de la violencia” casi nos condena a tener que vivir por siempre con criminales de distinto pelambre encima. También manifesté cómo, con certeza por cuenta de la seguridad democrática, y con ingenuidad por la negociación con las Farc, creímos los desafíos al Estado por parte de grupos armados ilegales eran parte del pasado, y entonces la prioridad sería la seguridad ciudadana.

https://andresjulian.com/2020/07/09/inseguridad-colombia-pandemia/

Sin embargo, tal y como lo expresó el exviceministro de Defensa, Alejandro Arbeláez, la “seguridad nunca está consolidada”. En consecuencia, hoy tenemos tantos o más problemas de orden público y muchos y más visibles de inseguridad cotidiana. ¿Qué hacer? ¿Qué puede funcionar?

En primer lugar, no hay de otra que controlar el vasto territorio rural para poner a raya a guerrilla y bandas criminales en lo que es su objetivo estratégico, capturar las rentas de alguna actividad ilegal. En eso es clave no sólo recuperar con las Fuerzas Militares esos espacios, sino una vez se tenga presencia estatal en todas las dimensiones, dejar a los carabineros de la Policía Nacional para que siempre estén en la tarea de consolidar la presencia institucional. Aquí sería importante y fácil de lograr, como la expuesto el General (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, la conversión de un número importante de soldados profesionales en carabineros. Necesitarían formación en convivencia ciudadana, derecho de policía, asistencia técnica rural, entre otros asuntos que deberán conocer, por ser en la práctica la autoridad que quedaría en la Colombia profunda.

En segundo término, quiero destacar algunas medidas que nos arrojaron resultados sorprendentes en el paso por la Alcaldía de Rionegro para combatir los fenómenos de inseguridad ciudadana.

Por sugerencia del General (r) Martínez, creamos las “gerencias contra el delito”. Entendimos el fenómeno delincuencial en la ciudad y en los hogares, sus manifestaciones, sus horarios y sus frecuencias, para terminar definiendo tres gerencias. La primera, al mando del Subcomandante de Policía de la ciudad, agrupaba todos los hechos que afectaban la integridad física de las personas (homicidios, lesiones personales, violencia doméstica y abuso sexual). La segunda, coordinada por el Gaula Militar y la Fiscalía, recogía todas las acciones delictivas en contra del patrimonio de las personas (secuestro con fines extorsivos, extorsión, y los hurtos en sus distintas modalidades). La última, manejada por la SIJIN y el CTI, encerraba toda la lucha contra el microtráfico y sus estructuras delincuenciales.

De lo anterior, quedaron grandes enseñanzas. La primera, es que la seguridad requiere de un gran esfuerzo de liderazgo y coordinación por parte del gobernante, todos los días, para obtener resultados. No hubo semana en que no sostuviéramos al menos cuatro consejos o reuniones de seguridad para proteger a los ciudadanos. En cuanto a los homicidios, por ejemplo, logramos reducirlos de 50 en 2015 (al recibir nuestro gobierno) a 11 en 2019, 78% menos, ubicando la tasa por cada 100 mil habitantes en 8.2, cifra que al ser de un dígito y según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, permite dejar de considerar este delito como un problema de salud pública.

La segunda, es que los problemas hay que visibilizarlos para enfrentarlos. Registramos con un riguroso sistema de información los casos de violencia sexual y doméstica. Motivamos la denuncia, así nos escandalizara, para atenuar la gravedad del asunto desde lo penal y desde las Comisarías de Familia.

Finalmente, aprendí que hay herramientas administrativas muy importantes y eficaces. En mi paso por la Secretaría de Gobierno Departamental y por la Alcaldía nunca me tocó presenciar un proceso de extinción de dominio a un domicilio donde se expendiera vicio. Por fortuna, el nuevo Código de Policía les dio la facultad a los alcaldes de derribar “casas de vicio” sólo con un informe de policía judicial. En Rionegro derribamos no menos de 20 y les devolvimos la dignidad a barrios enteros que por generaciones habían cargado con el moquete de ser expendios de droga. De golpe, pusimos a correr a los miembros de los tres grupos delincuenciales que en la ciudad se dedicaban a ese oficio.

En síntesis, cuando la justicia no es disuasiva -que es lo ideal- las herramientas administrativas usadas con determinación, sí que lo son.

@AndresJRendonC

Foto: Mi Oriente

Inseguridad, la pandemia de siempre (1)

Uno de los asuntos públicos que más ha agobiado a los colombianos es la violencia. Ha estado por lustros entre las demandas más importantes de los ciudadanos a las autoridades y en la agenda del debate académico y político. Aunque el problema no ha desaparecido, sí que se ha transformado tanto en la forma de abordarlo a lo largo de los años por los gobiernos, como en sus manifestaciones.

En cuanto a la forma, por fortuna se ha evaporado el discurso “de las causas objetivas de la violencia”; ese que durante décadas nos vendió la idea de ser un país inseguro por nuestra pobreza y desigualdad. Esa tesis justificó la insurgencia -aunque el trabajo académico de muchos la desbarató- y, en consecuencia, la idea contemporizadora con el crimen de muchos presidentes.

Desenmascarar este discurso llegó, primero, porque la evidencia empírica demostró cómo en el mundo ha habido países más pobres y desiguales que Colombia, pero sin la violencia que hemos tenido que sufrir en nuestro país. Segundo, porque gracias a una de las voces intelectuales más importantes en esta materia, Paul Collier, nos quedó claro que los “rebeldes” solo han actuado aquí, y en el mundo entero, como un grupo de delincuencia organizada detrás de la captura de rentas criminales; en el caso colombiano, el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión, entre otros.

En cuanto a las manifestaciones, hemos tenido de todo y en distintas categorías: i) insurgencia y contrainsurgencia narcoterrorista; ii) narcotráfico puro y duro; iii) delincuencia común; y iv) la violencia que toma lugar dentro de los hogares. Los dos primeros, que pusieron a tambalear la existencia misma del Estado colombiano, han sido expresiones típicas de la problemática de orden público; los dos últimos, de inseguridad ciudadana.

La Seguridad Democrática del Presidente Uribe puso a raya, con gran éxito, la violencia instrumental; es decir aquella que persigue, así sea disfrazada de un discurso político, la captura de una renta económica. Atrás habían quedado los grandes desafíos que guerrilla, paramilitares y narcotráfico le imponían al Estado. Por su parte, la operatividad de la Fuerza Pública, más que la misma justicia, le hizo en esta época muy costoso el accionar a la delincuencia organizada.

Todo iba bien hasta que llegó la vanidad y el ánimo contemporizador de Juan Manuel Santos, quien con su proceso de paz volvió a mandar el mensaje que se vale secuestrar, extorsionar, matar y traquetear siempre que se disfrace de rebeldía ese quehacer criminal; al fin de cuentas, siempre habrá un gobernante ávido de premios con capacidad de establecer indultos. A favor del crimen organizado de distinto pelambre también jugó la incapacidad de la justicia para defender a los ciudadanos y a la institucionalidad.

El proceso de paz con las Farc hizo pensar a muchos que acababan los problemas de orden público y comenzó a visualizar más los propios de seguridad ciudadana y violencia impulsiva, como la doméstica y sexual. Pero, la incapacidad para controlar nuestro vasto, extenso y rico territorio, ha puesto de manifiesto que la retaguardia de las Farc, el Eln y las Bacrim siguen teniendo cómo desafiarnos y amedrentarnos.

Mientras tanto, ni con el COVID-19 ha desaparecido la inseguridad de los grandes centros poblados y ha arreciado tristemente la que está acabando con la vida de mujeres y niños. Son las miles de víctimas la evidencia de que el asunto público que nos ha agobiado por muchos años, es la verdadera pandemia en Colombia, esa misma que no hemos podido extinguir.

@AndresJRendonC

Foto: AFP

Urgente: una reforma tributaria para reducir los impuestos (parte 1)

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ha definido como características deseables de un sistema tributario i) la sencillez de administrarlo; ii) la justicia, al tratar diferente a los diversos agentes económicos; iii) la eficiencia, al generar la menor distorsión posible en el aparato productivo;  iv) la flexibilidad, entendida como la capacidad de ajustar el sistema a los vaivenes del entorno; y v) la responsabilidad política, para que los ciudadanos sepan qué están pagando.

Mirar el sistema tributario colombiano a la luz de estos principios rectores deja de manifiesto que mientras los sigamos soslayando siempre será vigente hablar de una reforma tributaria. Y ojo, una reforma tributaria no necesariamente implica aumentar los impuestos. Podríamos aprovechar la crisis fiscal que se agravó por la pandemia para corregir lo que hace rato sabemos está mal, alivianar el peso tributario de muchos contribuyentes y aumentar los ingresos del fisco nacional.

Primero, los tributos en Colombia encierran una verdadera maraña de complejidades. A nivel nacional, los más representativos son el impuesto de renta y el IVA  -44% y 42% del recaudo total nacional, respectivamente-. Ambos están llenos de exenciones y distintos tramos tarifarios, lo que dificulta a la DIAN su administración, pero facilita a contribuyentes inescrupulosos la evasión. Cálculos propios con información de la DIAN y del BID indicarían que la evasión, para el caso colombiano, podría superar los $27 billones por año.

Segundo, para nadie es un secreto la desigualdad que existe en nuestro país. Lo peor de todo es que la política fiscal en nada resuelve la situación. Esta debería ser útil para gravar con equidad (más a los que tienen más y menos a los que tienen menos); recaudar más -apenas conseguimos en tributos el 14% de toda la economía, muy inferior a nuestos pares-; y entregarles buenos servicios a los más necesitados, de tal suerte que la acción del Estado mejore su calidad de vida. Sin embargo, datos de la OCDE confirman que la medición de desigualdad por GINI prácticamente no cambia después de impuestos y transferencias para Colombia (0,57: va de 0 a 1; mientras más se acerque a 1, más concentrado está el ingreso).

Tercero,  es claro, a lo largo y ancho del país, cómo esta situación tributaria no permite una eficiente asignación de los recursos. Para esto solo centrémonos en la distorsión tan dañina que generan los parafiscales -contribuciones a la nómina- en el mercado laboral, ocasionando una informalidad que bordea el 50%. Esto, al encarecer la contratación formal del trabajador en un 52,9%, según Eduardo Lora, reconocido economista colombiano.

Cuarto, lejos de la recomendación teórica, los tributos del gobierno nacional no “estabilizan automáticamente” nuestra economía, ni en los auges ni en las recesiones. En estos últimos casos el gobierno casi siempre ha hecho uso de mecanismos extraordinarios, tanto de impuestos como de gastos, para que la economía retorne a su senda de crecimiento, o para evitar sencillamente que esta se vuelva más pequeña.

Finalmente, no solo por lo desquiciado que es nuestro sistema tributario, sino tambien por la forma tan equivocada en que elegimos a concejales, diputados y congresistas (sistema proporcional), los contribuyentes poca certeza tenemos de lo que pagamos y de la forma en que se gastan los ingresos en los distintos niveles de gobierno. Salvo contadas excepciones, quienes hoy están en el Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, representan a todos los habitantes de sus grandes cirucunscripciones y a nadie a la vez. Los politólogos han dicho que esto rompe el “eslabonamiento político” que debe existir entre representantes y representados. Yo agregaría que además dificulta el apego a una de las más importantes máximas de las democracias liberales: “No a la tributación sin representación”.

@AndresJRendonC

Político por vocación

Desde joven he creído en el papel transformador de la política. A los 17 años descubrí que era a eso a lo que me dedicaría y aquí estoy. No ha sido fácil. He perdido la mitad de las elecciones a las que me he presentado y muchas veces sentí desfallecer. Como dijo Ignatieff, un ex político canadiense que vio de cerca el dolor de perder: La derrota trae lucidez y también liberación. Recuperas la libertad cuando menos te lo esperas. La reacción más sorprendente al fracaso es el alivio.  En esto, también fue inspirador leer sobre el espíritu de lucha que siempre mantuvieron en la derrota Lincoln, Obama, Belisario, entre otros.

También mantuvo viva mi esperanza lo que escogí por profesión, la economía, y las oportunidades laborales en el servicio público: Concejo de Rionegro, ministerios de Hacienda y Agricultura; y la Gobernación de Antioquia. Finalmente, llegó la más honrosa posición de servicio que podría ostentar un político por vocación: ser Alcalde de su pueblo, de su amada ciudad. Tuve ese privilegio entre 2016 y 2019, el cual siempre le agradeceré a Dios, a la vida, a los ciudadanos y a mi familia. No exento de errores, desde allí vi transformar la vida de muchos rionegreros y al territorio mismo.

Estamos vivos y hoy las ilusiones son otras:  superar la contingencia en que nos tiene sumidos esta pandemia y tener gobiernos e instituciones fuertes para enfrentar los urgentes problemas de salud pública y abocar los enormes desafíos sociales y económicos que arrastra el país. Esto  sumado a los que nos dejará el COVID-19 y a que la corrupción no se asome porque es más letal que el virus.

En los últimos 20 años Colombia redujo a la mitad su pobreza, logro que infortunadamente puede esfumarse este año de no actuar acertadamente. Evitar que así sea pasa por derrotar/contener rápido el virus y por los instrumentos que para esto utilicemos. Necesitamos políticos y servidores públicos comprometidos. Sé que para los colombianos es duro confiar: el 80% cree que quienes estamos en la política solo nos servimos a nosotros mismos o a quienes nos rodean. Revertir esto dependerá del ejemplo que en el pasado hubiésemos irradiado y de lo excepcional que podamos hacer de aquí en adelante.

Quienes estamos en la política por convicción y vocación, para servir y no para servirnos, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los colombianos nos crean; ejercer un liderazgo pulcro, propositivo, con empatía y con conocimiento. Ese es mi compromiso, amo ser político. Lo haré así, defenderé para Antioquia y Colombia la #innovaciónsocial, el #crecimientoeconómicoverde y el renacer de la confianza y la #culturaciudadana.

Andrés Julián Rendón Cardona